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a judicialización de la llamada Ley de Emergencia Solidaria sigue con idas y vueltas en diversos tribunales entrerrianos. Un amparo promovido por una jubilada de Concordia ya tuvo dos reveses, es decir dos fallos a favor del gobierno y de los aumentos de aportes previsionales dispuestos en la normativa. Uno fue firmado por el Superior Tribunal.

Esta vez la balanza se inclinó en contra de la ley. Los jueces y camaristas jubilados María Elina Corral, Daniel Elías Alle, Ronaldo Antonio Cirigliano, Edgardo Garibotti y Griselda Liliana Cichero interpusieron un amparo contra el gobierno provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Lo hicieron con representación de Carlos Alberto Pabón Ezpeleta, Mario Enrique Lafourcade y Carlos Beherán.

Tuvo el objeto de que se suspenda "de manera inmediata la aplicación de todo tipo de retención en concepto de aporte solidario extraordinario sobre los haberes previsionales de los actores (...) con su reintegro en caso de haberse efectuado".

Según consignó Página Judicial, solicitan además que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del aporte solidario extraordinario "por resultar este incompatible con los derechos de profunda raigambre constitucional y tratados internacionales que les asisten”. 

El planteo tuvo recepción favorable de parte de la jueza de Gualeguay que Eliana María Guerscovich, que sostuvo que “los beneficios previsionales están protegidos por la garantía de integridad, proporcionalidad y sustitutividad prevista en el artículo 14 bis (y artículo 17 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Ley N° 27.360)".

La jueza consideró que "es contradictorio que sean reducidos por el propio Estado con una retención cuando es el mismo Estado quien debe velar por la vigencia y efectividad de los principios constitucionales".

La decisión de la magistrada gualeya ya fue apelada por el gobierno provincial (ver aparte). Cabe recordar que, además de los amparos individuales, los gremios de la administración pública también fueron contra la ley a Tribunales, donde todavía no se resolvió este caso particular.