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os sindicatos que representan a trabajadores estatales en el Frente Gremial Docente de Entre Ríos (AGMER, AMET y UDA) solicitaron ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social "la inmediata continuidad de la paritaria salarial".

Lo hicieron este miércoles, cuando recordaron que "el 6 de marzo la patronal se había comprometido mediante acta a realizar un análisis de la evolución de los índices inflacionarios durante el primer trimestre para formular luego una pauta salarial que contemple la variación de los mismos".

A su vez, denunciaron formalmente el incumplimiento del artículo 6° de la Ley N° 9.624 de Convención Colectiva de Trabajo Docente, dado que el mismo obliga a las partes a negociar de buena fe. Concretamente, en la presentación se recordó que estas organizaciones concurrieron a la audiencia del 6 de marzo y se encontraron con la ausencia de propuesta por parte de la patronal, quedando la negociación irresuelta a partir de ese momento.

"Como es sabido, nuestro país se encuentra atravesando circunstancias excepcionales desde mediados de marzo a causa de la emergencia sanitaria, habiéndose dispuesto en todo el territorio nacional el aislamiento social, preventivo y obligatorio como principal medida para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, transcurrieron ya cuatro meses de aquella audiencia y seis meses desde el último incremento salarial, no habiendo la patronal presentado ninguna propuesta de recomposición en ese lapso y generando así una pérdida en materia salarial que impacta directamente sobre la capacidad de subsistencia de un porcentaje considerable de trabajadores docentes y sus familias", señalaron en un comunicado.

Asimismo, indicaron que la ley que declara el 'estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional' por un mínimo de un año, promovida por el Ejecutivo provincial y aprobada por ambas cámaras de la Legislatura la semana pasada, "generará al momento de su implementación una clara reducción salarial para un número importante de trabajadores del sector público, avanzando así en dirección contraria de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a la realización de esfuerzos para alcanzar acuerdos por medio de las negociaciones colectivas. Del mismo modo, se señaló que la ley atenta también contra el principio de buena fe al inhabilitar al Consejo General de Educación como paritario de la negociación colectiva".