El gobernador afirmó que las medidas electorales de Macri, en 2019, junto a la pandemia, justifican la emergencia. Destacó que grava a bancos y "al gran latifundio" y que aumenta aportes de empleados pero también jueces y políticos.
E
l gobernador Gustavo Bordet se explayó sobre el proyecto de ley de emergencia solidaria que envió a la Legislatura, que ya recibió críticas desde los sindicatos de la administración pública y la oposición, así como los consabidos apoyos desde el oficialismo.
El gobernador destacó que la suba en aportes a la Caja de Jubilaciones alcanzará no sólo a los trabajadores con más altos ingresos, sino a “funcionarios políticos, legisladores y jueces. Esto nos abarca a todos y en buena hora porque no podemos hablar de solidaridad si no empieza por casa".
Macri 2019
Para fundamentar la necesidad de recaudación el gobernador se remontó a la gestión económica y financiera del gobierno de Cambiemos tras la derrota nacional de las PASO contra el Frente de Todos.
"El principal problema del desfinanciamiento que hemos tenido las provincias empezó en agosto de 2019. Después de las primarias se desplomó toda la previsibilidad que tenía el país", reseñó.
"El presidente Macri en ese momento tomó medidas para de algún modo intentar dar vuelta los resultados electorales".
El mandatario provincial indicó que "esas medidas que se tomaron para Entre Ríos a valor histórico, a dinero de hoy, implicó cerca de 4.000 millones de pesos menos nada más en seis meses. Esto fue un hueco fiscal enorme, tremendo, que oportunamente lo he hecho público".
Luego señaló que "esto nos dejó en una fragilidad
extrema" y acotó que "todo el equilibrio que habíamos logrado
alcanzar trabajando fuertemente en el control del gasto público, en una
política tributaria progresiva, en generar mayores recursos, se desplomó. Pensábamos para mediados de este año volver a tener un equilibrio de cuentas pero
en el medio ocurre la pandemia y la necesidad de volcar muchos recursos al
sistema sanitario y a sostener a los sectores más postergados desde la
contención social".
“La caída de la actividad económica que ha sido enorme. Hubo a valores históricos menor recaudación que el año pasado. Y hay que agregarle una inflación que está rondando entre el 48 y el 55 por ciento interanual".
Bordet insistió en que "esto genera un desfinanciamiento y la
necesidad de encontrar recursos para cumplir con las obligaciones corrientes y
para poder seguir sosteniendo durante este tiempo las demandas que tenemos del
sistema sanitario que son muchas".
"Una forma de redistribuir ingresos"
Más adelante, el gobernador indicó que la iniciativa apunta a que
"quienes más han tenido la posibilidad de incrementar sus recursos en este
tiempo puedan aportar justamente para hacer sostenible y sustentable en los
meses que viene el funcionamiento de toda la estructura de Salud, de gastos de
funcionamiento del Estado y de la Caja de Jubilaciones".
Con respecto al aporte de los bancos, Bordet indicó que
"lo que hicimos fue ampliar la base imponible para que se tribute más. El
sector financiero es el que más se benefició estos últimos años y durante la
pandemia no se resintió".
"A las droguerías, Entre Ríos las tenía gravadas con el
1,6 por ciento, mientras que en el resto de las provincias tienen entre el 4 y
5 por ciento, y lo que se hizo fue fijar el 4 por ciento como Córdoba y Santa
Fe", comparó el mandatario.
En declaraciones formuladas a Radio Mitre Concordia, también mencionó que en Entre Ríos "hay
extensiones que superan las 1.000 hectáreas, que representan el 3 por ciento
del total de las partidas de Impuesto Inmobiliario de la provincia, y que
tienen que pagar más".
"Generalmente ese 3 por ciento de tierras que superan las 1.000 hectáreas son de sociedades anónimas de grupos inversores de otros países o de Buenos Aires", explicó Bordet.
"No estamos hablando de chacareros o del productor que trabaja duro todos los días para poder sostenerse en su actividad. Estamos hablando del gran latifundio y esto también es lo que decidimos gravar".
Jubilaciones
En cuanto a los aportes al sistema previsional que van a contribuir a poder sostener la Caja de Jubilaciones que tiene un grave déficit histórico, Bordet precisó que "el 85 por ciento de los jubilados en Entre Ríos gana menos de 75.000 pesos con lo cual no deberán realizar ningún aporte".
Y defendió que el proyecto propone "una escala progresiva, de 75.000 a 100.000 pesos se aporta un 4 por ciento, de 100.000 a 200.000 pesos se aporta un 6 por ciento, de 200.000 a 300.000 pesos un 8 por ciento y de 300.000 pesos en adelante un 10 por ciento. Es un aporte solidario especial para sostener el régimen de la Caja".
Al referirse a la contribución de los activos, señaló que
"en Entre Ríos cada trabajador activo aporta el 16 por ciento al sistema
jubilatorio. El porcentaje más bajo en el país. A los que ganan menos de 75.000
pesos no tendrán ningún cambio".
Y también detalló que "los que ganan entre esa cifra y 100.000 pesos se incrementa ese aporte un 2 por ciento, es decir que de un 16 pasa a un 18 por ciento; los que ganan entre 100.000 pesos y 200.000 se incrementa 2 puntos más, pasa a tener que aportar un 20 por ciento; entre 200.000 y 300.000 pesos son 4 puntos, y más de 300.000 pesos son 6 puntos. Esto afecta sólo al 15 por ciento de los trabajadores".
"A esto también lo pagamos los funcionarios políticos, los legisladores, los jueces. Lo pagan todos, no solamente los trabajadores. Esto nos abarca a todos y en buena hora porque no podemos hablar de solidaridad si no empieza por casa".
Sueldos
Bordet destacó además que la norma establece que ningún
poder del Estado, ni ningún ente descentralizado, va a poder otorgar aumentos
salariales parciales que estén fuera de las paritarias provinciales. "Todos los
aumentos estarán supeditados a lo que acuerden en paritarias el gobierno con
los gremios", remarcó.
"Si se decide en paritaria que el aumento sea, por
ejemplo, del 10 por ciento, será ese porcentaje para un maestro, para una
enfermera, para un juez, para un legislador, para un funcionario. Todo con
igualdad. Esto es muy beneficioso", señaló, según recupera el comunicado oficial enviado a INFORME DIGITAL.
También se refirió a la cantidad de empleados públicos. "Cuando asumí en diciembre de 2015, había 91.000 empleados públicos en la provincia, por todo concepto, en planta, temporarios, suplentes, contratos, mientras que hoy, cuatro años y medios después es de 86.500 empleados, o sea que disminuyó y esto es por decrecimiento vegetativo, no porque echamos agentes. Bajó la planta por jubilaciones, fallecimientos o renuncias y no fuimos tomando nuevo personal", detalló.
"De estos 86.500 empleados, casi el 45 por ciento son docentes que necesitamos porque son quienes educan a nuestros hijos, están en nuestras escuelas, mientras que el 15 por ciento son personal de Salud, como médicos, enfermeros, agentes sanitarios, que se requieren para un servicio esencial. El 9 por ciento son policías y el 2 por ciento son del Servicio Penitenciario. El resto es administración central y para estos trabajadores se realizan cursos y capacitaciones. Sólo ingresan nuevos agentes a la planta de personal si son necesarios", sostuvo finalmente el primer mandatario entrerriano.