E

l presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, definió en favor de la administración de Adán Bahl el litigio por los despidos de trabajadores nombrados en la gestión anterior de Sergio Varisco, muchos de los cuales luego fueron reincorporados vía contrato.

El titular del STJ saldó así el debate, generado por la interposición de amparos, sobre si correspondía o no mantener el cargo a los trabajadores.

Uno de los legajos llegó al plenario del STJ ante sentencias contradictorias sobre el asunto. El cuadro de situación, según registró Página Judicial, era el siguiente: en favor de los peticionantes votarían Bernardo Salduna, Emilio Castrillón, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia. El planteo de la Municipalidad era apoyado por Germán Carlomagno, Juan Ramón Smaldone, Claudia Mizawak y Susana Medina. 

Finalmente, Carbonell le dio la derecha al gobierno municipal de Paraná, al entender que la estabilidad de los peticionantes no estaba garantizada y no se afecta ningún derecho porque los cargos que no fueron reconocidos por el gobierno de Bahl no se habían concursado.

Despidos

El gobierno municipal de Adán Bahl revocó pases a planta realizados a contrarreloj por el anterior intendente, Sergio Varisco, en el marco de la puja electoral del 2019. La decisión de la actual gestión justicialista fue rechazada por muchos empleados implicados, a través de amparos judiciales.

Para evitar situaciones de este tipo, Bahl anunció el envío al Concejo Deliberante de un proyecto para regular las transiciones gubernamentales. 

Hasta ahora solo el juez en lo Civil y Comercial Nº 9, Ángel Luis Moia, había fallado en contra de la Municipalidad y a favor de una de las agentes municipales.

A la mujer le habían revocado el pase a planta permanente y ofrecido continuidad y estabilidad laboral a través de un contrato de servicio, equiparando su situación a la existente al 31 de diciembre de 2018. 

Debate judicial

El proceso traerá cola. Los peticionantes anunciaron que en algunos casos recurrirán a la Corte Suprema de Justicia.

Por otro lado, la reciente reforma a la ley de procedimientos constitucionales abre el debate sobre su eficiencia en materia de amparos. Este recurso –según la última reformulación– los debe resolver un cuerpo de cinco vocales sorteados entre los nueve.

Este litigio entre la Municipalidad y los peticionantes dejó en evidencia un problema: una serie de amparos sobre el mismo tema obliga a realizar varios sorteos y conocer de antemano la posición del vocal al salir sorteado más de una vez.

De hecho, en este caso, se tuvo que recurrir al pleno de los nueve vocales, para que la suerte de los peticionantes no se conozca con el simple devenir de un bolillero.