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uego de 5 años de proceso, cayó la demanda civil entablada entre la Municipalidad de Santa Elena contra la empresa constructora en la causa por el supuesto sobreprecio en 20 cuadras, realizada durante la ante última gestión de Domingo Daniel Rossi. La demanda fue presentada a poco de asumir por su concuñado y ahora exintendente Silvio Moreyra, con el patrocinio del abogado Guillermo Mulet.

La demanda civil es un expediente paralelo a la causa penal, que aún sigue en trámite. Al igual que lo hizo el municipio de Larroque, en el departamento Gualeguaychú, donde había un caso similar, el municipio de Santa Elena llegó a un acuerdo transaccional con la empresa y se puso fin a la acción civil. 

Según informó a través de un comunicado el abogado de Rossi y el municipio, Carlos Reggiardo, "con el acuerdo presentado L&C, se compromete a financiar parte de las reparaciones, que debía ejecutar en 2016 y no lo hizo por capricho del entonces intendente. La Empresa aportará materiales por más de $6.000.000 para sanear 5 años de odio, desaprensión y persecución política".

Cabe recordar que a principios de marzo, la comuna de Larroque alcanzó un acuerdo similar pero con la empresa OICSA. En ese caso, se dio un caso similar: el actual intendente Leonardo Hassel fue demandado por la anterior gestión, la del radical Darío Benedetti, cuando era secretario de Gobeirno de Raúl Riganti (PJ). Ahora Hassel es el jefe comunal y, logicamente, desistió de la acción en su contra.

El abogado de Rossi, al dar a concer el acuerdo que pone fin a la causa civil, hizo un duro descargo contra la anterior gestión y el fiscal de La Paz, Santiago Alfieri: "Después de casi 5 años de una Obra que significo el saneamiento y urbanización de una zona de la ciudad, que significo que se asfaltaran y dieran servicios a 26 cuadras de pavimento, es decir mas de un 26% de lo que pedía el pliego de base y condición y el presupuesto oficial(reconocido por el pseudo perito Beltrán Uranga que vino a Santa Elena y midió la obra como figura en el expediente, y único caso en Argentina que una empresa construye por más de 5 millones de peso una obra)".

"En 2017 y luego de haber dejado caer las garantías, y retirarle arcos de contención para que el tránsito pesado no circule; la Gestión de Silvio Moreyra aposto a su destrucción, e hizo una denuncia penal acompañada que le vino como anillo al dedo a la Procuración en su parodia de perseguir dirigentes para justificar el encubrimientos de los contratos truchos que saquearon las arcas de la Provincia imputando solo a perejiles o deliverys del dinero", agregó.

"El 9 de Junio de 2019 la ciudad de Santa Elena volvió a confiar sus destinos a Daniel Rossi, quien es el mentor de la obra y termino imputado por un fiscal adicto a la procuración, que solo pretende ir a juicio acusando primero de sobreprecios, luego de incumplimientos y falsificación de certificados de obras, y con un peritaje falso como única prueba pretende formar parte de la farsa más grande Judicial para llevarlo a Juicio Oral al intendente que hizo más cuadras de las presupuestadas, con dinero de Nación y con la aprobación de organismos intervinientes de control- dentro del presupuesto oficial- Con el acuerdo presentado L&C, se compromete a financiar parte de las reparaciones, que debía ejecutar en 2016 y no lo hizo por capricho del entonces Intendente", puntualizó luego.

En cuanto al acuerdo con la empresa, señaló que la misma "aportará materiales por más de $6.000.000 para sanear 5 años de odio, desaprensión y persecución política".

En tanto, sobre la causa penal, que aún sigue en curso, sostuvo: "El fiscal Santiago Alfieri sigue en soledad con el perito falso Beltrán Uranga, quien tuvo la “Fortuna” de ser designado perito oficial en todas las causas que investigan el plan 'Mas Cerca', como denunció públicamente el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en 2019, y de la sola lectura de sus conclusiones se puede advertir que no solo no uso método de contratación que correspondía sino que le asigno distinto precio a mismos productos solo para ajustar las pericias a las pretensiones del Ministerio Publico Fiscal. Moreyra fue denunciado por los daños y dejar romper la obra, además que en ese periodo destinó $26.000.000 de pesos al asfaltado de 9 cuadras (Rossi hizo 26 con $20.000.000). Uranga esta denunciado, pero la fiscalía pretende mirar para otro lado, y como con los Contratos Truchos, entre ellos se sacan las responsabilidades y funcionan como una estructura político-judicial que persigue dirigentes y encubre amigos".