Algunos alcaldes de Cambiemos habilitaron actividades no permitidas por la Provincia, como reuniones sociales de pocas personas. La Liga de Intendentes Justicialistas los acusa de alterar el "orden jurídico" e ignorar la Constitución.
L
os intendentes Justicialistas de Entre Ríos salieron a dar su posición en la controversia entre el gobierno provincial y los intendentes de Cambiemos, que avalados por sus legisladores provinciales, se han mostrado dispuestos a habilitar actividades "más allá de lo aconsejado por las autoridades sanitarias y de lo que el ordenamiento legal les permite".
La polémica se disparó cuando el alcalde de Crespo, el radical Darío Schneider, habilitó reuniones familiares y sociales de hasta 15 personas, una actividad no autorizada hasta el momento por la Provincia. La ministra de Gobierno, Rosario Romero, lo criticó públicamente y los cruces llegaron a la Legislatura.
En declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL, los intendentes del peronismo expresaron que el
federalismo "exige un
enorme esfuerzo de coordinación entre el Estado Nacional, Provincial y
Municipal".
Sin él, advierten, "es siempre posible que alguien se vea tentado, bajo
cualquier especulación -dentro de la cual se halla la política-, de salvarse a
sí mismo sin observar elementales pautas de colaboración interestadual".
Según la Liga de Intendentes del PJ el rol municipal "se desmerece cuando la sobre actuación, el exceso o el acudir a vías de hecho hace primar el excesivo localismo por sobre la unión y el bienestar general de la Provincia y la Nación".
Intendentes peronistas tuvieron un encuentro virtual con Bordet días atrás.
Y cuestionaron "la sola decisión de un Intendente, que siquiera aparece avalada por su Concejo Deliberante", que "pasa por encima del ordenamiento que conforman los Decretos Nacionales y Provinciales".
"La emergencia y la interpretación propia de un Intendente no puede estar por encima de la Constitución", señalan los del PJ.
Los jefes comunales del oficialismo recordaron que la Nación delegó en la Provincia el reforzamiento de los supuestos previstos en los DNU de aislamiento social obligatorio y consideraron "de toda lógica jurídica que un Municipio no puede sustituir o modificar ese criterio, salvo sea para mejorar el estándar allí aplicado. Esto es, para no habilitar determinada actividad".
Sin embargo, observaron que "algunos municipios administrados por Intendentes de Cambiemos" han habilitado actividades no mencionadas en esos Decretos "desoyendo los consejos de la autoridad sanitaria y alterando el orden jurídico vigente".