El campo pidió que la disuelvan por el abandono de caminos. Un funcionario los amenazó con expropiar la Rural. Ahora una diputada radical proyecta que sólo pueda conducirla un funcionario con ese título. Crece la polémica por Vialidad.
L
a
diputada provincial Sara Foletto (UCR-Cambiemos) presentó un proyecto de Ley
por el cual establece la modificación de las leyes que corresponden a la estructura organizativa, a la conducción y
organización de
El Proyecto prevé que el Presidente o el Vicepresidente "sí o sí deberán tener título de ingeniero o afín a la materia". Además, el Presidente deberá tener acuerdo del Senado.
La iniciativa opositora llega en medio de fuertes turbulencias políticas en torno a la DPV. Días atrás la Sociedad Rural de Nogoyá propuso sin medias tintas que el organismo provincial se disuelva porque la repartición, argumenta la entidad, “no hace su trabajo” y que la administración de los caminos rurales pase a depender de “un organismo serio y responsable, formado por técnicos y profesionales capacitados".
La ofensiva gremial del campo fue repelida por el representante en Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, Daniel Koch, quien contrapropuso que los terrenos que la Rural de Nogoyá posee en el sur de esa ciudad se expropien y destinen a la construcción de viviendas. Además, acusó a la SRA de ser "una entidad golpista que no sabe de diálogo".
Otras disposiciones
En este clima político merodeando a la DPV llega el proyecto de ley de la UCR para modificar estructuralmente el organismo. Según impulsa Foletto, en la nueva orgánica uno de los vocales que integraría la conducción lo haría en representación de las cuatro organizaciones ruralistas que hoy existen en la provincia "y que están vinculadas de manera directa a la producción, que tanto afecta el mal estado de los caminos".
En igual sentido, el gremio de los viales debería proponer al Poder
Ejecutivo una terna de tres nombres para que integren con voz y voto, al igual
que los productores, la conducción de
En el proyecto se continúa con la vigencia de las zonales, y se habilita al directorio la posibilidad de crear otras nuevas conforme lo determine la densidad poblacional de cada departamento y su traza vial así lo requiera.
El proyecto también prevé la creación de
Comisiones Viales que funcionarán en el ámbito de cada zonal, es decir, habrá
una comisión vial en el ámbito de cada zonal que exista en cada departamento.
Cada Comisión estará integrada, además del responsable de la zonal, por los legisladores del departamento que abarque dicha zonal, un representante de las entidades productivas que integran el Directorio; los presidentes de Juntas de Gobierno y de comunas y los intendentes que comprenda la zonal. Estas comisiones viales no percibirán ningún tipo de sueldo.
La diputada enuncia que "si bien uno de los problemas estructurales que han afectado desde hace largo tiempo el sostenimiento de la red vial en la provincia es su proceso de desinversión, otro de los problemas es su forma de conducción".
La legisladora radical, de todas formas, sostiene al Estado como "síntesis de los
intereses de todos los sectores que deben ser beneficiados con una correcta
trama vial, para el transporte, la producción y la circulación de todos los
entrerrianos, volviendo a cumplir con los objetivos para lo cual fue creada
Si el proyecto opositor estuviese en vigencia, la actual Directora Provincial de Vialidad, Alicia Benítez, no podría estar en el cargo que ejerce desde la primera gestión de Gustavo Bordet. La funcionaria tiene título de arquitecta. Antes de desembarcar en la conducción de la DPV, Benítez se desempeñó durante el urribarrismo en la subsecretaria de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, estratégica cartera para la administración de la obra pública provincial.
Por otra parte, cabe señalar que el pryoecto de Folleto prevé que el presidente o el vice debería ser ingeniero o tener un titulo afín. Si el primero no es ingeniero, el segundo debe serlo o contar con un conocimiento vinculado. Además, se estipula que el titular de Vialidad cuente con acuerdo del Senado; y que el organismo tengra tres vocales: uno por el ministerio de Obras Pública; otro en representación de los trabajadores; y otro en representación de las organizaciones rurales.