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a Cámara de Diputados y de Senadores de Entre Ríos adhirió al decreto del gobernador Gustavo Bordet que aplica una reducción del 50% de los salarios. La decisión fue comunicada por la vicegobernadora y presidenta de la Cámara Alta, Laura Stratta; y el presidente de la Cámara de Baja, Ángel Giano.

"Quiero contarles que quienes integramos las Cámaras legislativas, en consonancia con la decisión del gobernador Gustavo Bordet, decidimos aplicar una reducción del 50% de los haberes netos de las autoridades superiores, para constituir un fondo que será destinado a la asistencia sanitaria", señaló Stratta.

Y agregó: "Hoy junto a Angel Giano y en acuerdo con los legisladores de todos los bloques, firmamos los decretos de las Cámaras de Senadores y Diputados para su implementación. Combatir esta pandemia requiere del esfuerzo de todos porque, como dijo el Papa Francisco, debemos comprender que nadie se salva solo. Desde el Gobierno de Entre Ríos y la legislatura creemos en la importancia de empezar por casa, dando el ejemplo".

Así la Legislatura se suma a la iniciativa del mandatario, a la cual también adhirieron  los intendentes de El Pingo, Villaguay y Seguí.

El decreto

En el decreto del mandatario provincial, que dio a conocer este viernes, se advierte que es necesario "incrementar los disponibles para volcarlos a todas las medidas paliativas para contrarrestar los efectos" de la pandemia.

La resolución del gobernador descuenta un 50% de los haberes del mes de abril de todas las autoridades, personal fuera de escalafón y funcionarios de la provincia.

El monto se depositará en una cuenta que determinará el ministerio de Economía y Hacienda y el porcentaje en cuestión se consignará con un código de descuento en los recibos respectivos.

Además, el decreto crea un fondo extraordinario para la adquisición de bienes e insumos para atender la emergencia sanitaria, "pudiendo dichos recursos destinarse asimismo a paliar la emergencia económica".

A ese fondo se destinarán los haberes recortados al personal político del ejecutivo. El decreto exceptúa a funcionarios de Salud, Desarrollo social, Policía y Servicio Penitenciario, "atento a la tarea que vienen desarrollando" en el contexto de la emergencia sanitaria.