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lberto Fernández puede empezar a festejar que el proyecto de emergencia económica que sustentará su programa de Gobierno va camino a ser ley. La Cámara de Diputados le dio media sanción en general y durante la mañana continuarán con los tratamientos en particular de los puntos más polémicos: retenciones y jubilaciones. Las negociaciones se extendieron a lo largo de toda la madrugada.

Bajo el lema de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno logró aprobar el megapaquete de las nueve emergencias, de las que se hará cargo el Poder Ejecutivo: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Minutos antes de las 6.30 de la mañana, con 134 votos a favor, 110 negativos y sin abstenciones, el oficialismo logró la media sanción de la iniciativa en general. La sesión continúa con el tratamiento de los puntos en particular.

La primera etapa del programa económico de Alberto Fernández comienza a salir a la luz. Desde el Frente de Todos resaltaron la magnitud del proyecto, que abarca tanto el contexto interno de “tierra arrasada” como el externo con los compromisos de deuda que afronta el Estado. Según remarcaron, el nuevo esquema implica que las clases más pudientes y medias respalden a los sectores más vulnerables.

El proyecto de ley de “solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública” fue aprobado a las 6.28 de este viernes en la Cámara de Diputados, con 134 votos a favor y 110 en contra. En el caso de Entre Ríos, de los 9 diputados, 4 del peronismo votaron a favor y los 5 de Cambiemos en contra.

A favor

-Marcelo Casaretto

-Mayda Cresto

-Carolina Gaillard

-Blanca Osuna

En contra

-Atilio Benedetti

-Alicia Fregonese

-Gustavo Hein

-Jorge Lacoste

-Gabriela Lena

Cambios y puntos principales

El proyecto, titulado “de solidaridad social y reactivación productiva”, declara la emergencia pública en nueve áreas: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Uno de los artículos más discutidos fue el que suspende por 180 la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada a fines de 2016. Durante ese lapso, el Poder Ejecutivo podrá fijar trimestralmente, de manera discrecional, el incremento de los haberes previsionales.

Además, se deberá elaborar un nuevo método de actualización, en el marco de una comisión de la que participarán legisladores y expertos. Gracias a un cambio propuesto por el Interbloque Federal, la nueva fórmula jubilatoria deberá ser sometida a votación del Congreso.

Más allá de la suspensión de la fórmula, continuarán vigentes los regímenes especiales que tienen los docentes, los docentes universitarios, los científicos y la prestación otorgada por la “Ley Brisa” para hijos de víctimas de femicidios.

Por otra parte, se crea un nuevo impuesto, denominado PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá por cinco años. Se trata de un tributo del 30% para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior.

De este gravamen, el 70% será destinado a la seguridad social y el 30% a obras de infraestructura. Cabe aclarar que se excluirán del alcance del impuesto PAIS las transacciones efectuadas con anterioridad a la ley.

En cuanto a las retenciones, se pone un tope del 33% para la alícuota de derechos de exportación de la soja, un 15% para el maíz y un 5% para las economías regionales que defina el Ejecutivo. En tanto, para los hidrocarburos y la minería, el techo fue fijado en el 8%.

Otro aspecto relevante es que el 67% de esos incrementos será destinado a la ANSES, mientras que un 3% será para la creación de un “fondo solidario de competitividad agroindustrial” para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos. Esta compensación será administrada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En otro orden, se eliminó del proyecto original el polémico artículo 85, que facultaba al Ejecutivo a la “modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como la modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.

En lo que respecta a los salarios, el proyecto establece la facultad de “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.

En el marco de la emergencia energética, el Ejecutivo estima un plazo de seis meses para renegociar un nuevo esquema tarifario, a la vez que establece la intervención por un año del ENRE y el ENARGAS, y suspende los traspasos de Edenor y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La ley ómnibus prevé también planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para pymes.