E

l diputado nacional, Juan José Bahillo (PJ-ER), presentó un proyecto de resolución solicitando información al gobierno nacional sobre los recaudos y el  procedimiento licitatorio aplicado en la Primera Etapa del “Plan de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande”. “Pedimos que exista claridad y transparencia en este proceso y una debida participación de la provincia”, sostuvo Bahillo. El pedido de informes es acompañado por los diputados nacionales Julio Solanas y Juan Manuel Huss.

“La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande ha iniciado los procesos licitatorios en total desconocimiento de las regulaciones de la República Argentina. Si bien, es un ente binacional que actúa como sujeto del derecho internacional, no está por encima de la ley que rige en el territorio argentino, y debe cumplir con las normativas vigentes en materia ambiental y de licitación pública”, afirmó Bahillo al hacer referencia a irregularidades e impugnaciones formuladas por distintas asociaciones ambientalistas en las que se denuncian incumplimientos.

Por otra parte, el legislador remarcó: “El gobierno provincial debe estar informado y con su debida aprobación al momento de avanzar en este plan de inversión cuyas obras se realizan, mayoritariamente, en suelo entrerriano afectando a los recursos naturales propios de las provincias”, destacó el legislador.

“Es indudable que las obras se ejecutarán, en gran parte, dentro del territorio argentino, implicando no solo el respeto a la Leyes Ambientales de nuestro ordenamiento interno, sino también a los procedimientos de control, evaluación, habilitación y permisos, tanto nacionales como provinciales y municipales”, destacó el diputado nacional.

“El gobierno provincial debe estar informado y con su debida aprobación al momento de avanzar en este plan de inversión cuyas obras se realizan, mayoritariamente, en suelo entrerriano afectando a los recursos naturales propios de las provincias”

Bordet y Bahillo, preocupados por la obra en Salto Grande.

Por último, Bahillo advirtió: “En este escenario, en el que los argentinos vamos a elegir nuestro próximo presidente, hay que tener la responsabilidad y los recaudos necesarios para avanzar en procesos licitatorios complejos, que no comprometan al futuro gobierno”.

Irregularidades

En el pedido de informe se destacan las siguientes anomalías:
1.         Omisión por parte del Poder Ejecutivo Nacional en la ejecución de la evaluación de las consecuencias ambientales conforme lo establecido en la Ley 23.879 “Ley de Obras Hidroeléctricas”.
2.         Omisión por parte de la CTMSG en la presentación los Estudios y proyectos para la realización de las obras e instalaciones correspondientes a la Etapa I Plan de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, con sus respectivos presupuestos, pliegos de condiciones, planes económicos y de financiación, elevados para su consideración y aprobación a las Altas Partes Contratantes, conforme artículo 6° del CONVENIO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1946.
3.         Omisión en la presentación de los permisos y estudios de impacto ambiental ante el COFEMA.
4.         Omisión en la Realización de la Audiencia Vecinal, en los términos de la Ley General de Ambiente 25.675.
5.         Omisión en la solicitud de permiso y aprobación de la Autoridad Forestal de la Provincia de Entre Ríos, de conformidad con lo establecido en el artículo 25° de la ley 13.273.
6.         Omisión del procedimiento establecido por la Ley 9092 de la provincia de Entre Ríos.
7.         Omisión de intervención a la Comisión Administradora Río Lujan (CARU) de conformidad con el artículo 6° del Estatuto del Río Uruguay.
8.         Incumplimiento del Sistema electrónico de contrataciones Públicas.