El titular del Ministerio Público Fiscal rechazó el amparo ecologista-docente contra el decreto que autoriza fumigaciones a 100 y 500 metros de escuelas. Lo consideró constitucional y sugirió citar productores. Resta que decida el juez.
E
l procurador General de la provincia, Jorge García, avaló
la constitucionalidad del decreto 2239/19 del Poder Ejecutivo Provincial que
regula la aplicación de fitosanitarios en cercanías a escuelas rurales. Fue en
el marco del recurso de amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y
Agmer.
El titular del Ministerio Público Fiscal decidió contestar
con su propia firma la solicitud que le hiciera a ese organismo el juez de la
Cámara Civil y Comercial, Andrés Galanti, "dada la trascendencia institucional
que revista este caso", dice el texto que se incorpora al expediente.
García rechazó el pedido de inconstitucionalidad del decreto 2239/19, tal como lo plantean el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y sugirió al juez la citación en calidad de prueba de "terceros no admitidos al proceso cuyos intereses podrían verse afectados", es decir los productores.
Ahora el juez Galanti deberá decidir si abre el proceso a prueba o no y luego dictar sentencia sobre el motivo del amparo.
En sintonía con lo expresado por la Fiscalía de Estado de la
provincia, el Ministerio Público Fiscal, en la figura del Procurador, Jorge
García, estableció que "el acto administrativo atacado, el decreto, no es
inconstitucional, con lo que se pronunció por el rechazo de la demanda, y
sugirió que sean citados convenientemente los afectados por esta medida, es
decir, productores, aplicadores y todo el universo de personas afectadas",
explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, al conocer la noticia.
Cabe recordar que se trata del tercer amparo presentado por
el Foro Ecologista de Paraná y Agmer, esta vez para declarar inconstitucional
el decreto 2239/19, y que en esta
oportunidad recayó en la Cámara Civil y Comercial a cargo del Dr. Andrés
Galanti.
El dictamen de García "es un trámite que está contenido en la Ley de Amparo" resaltó Rodríguez Signes y valoró la "posición del MPF en favor de la postura de mantener la vigencia del decreto 2239". Ahora el juez determinará si abre el proceso a prueba o no, para luego dar lugar a la sentencia.