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on la firma del gobernador Gustavo Bordet, el Ejecutivo envió al Senado este viernes el proyecto de Ley de Juicio por Jurados. Se trata de una ley con consenso de la comunidad jurídica y política, que establece que los juicios criminales deben realizarse por jurados populares, integrados por ciudadanos no profesionales del Poder Judicial y el Derecho. Serán juzgados por jurados todos los delitos con penas de más de 20 años de prisión.

El jurado estará integrado por doce ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales, bajo las instrucciones legales de un juez, que decidirán por unanimidad si el acusado es culpable o no culpable.

Este proyecto de ley apunta a dar cumplimiento en la provincia de Entre Ríos al mandato Constituyente Nacional originario, establecido en 1853, que los juicios criminales deben realizarse por jurados (artículos 24, 75 -inciso 12- y 118) y a lo establecido por el artículo 122, inciso 23 de la Constitución de Entre Ríos, recuerda el comunicado oficial enviado a INFORME DIGITAL.

En los fundamentos se argumenta que el procedimiento "promueve la participación ciudadana y tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos de la forma republicana de gobierno. El pueblo resuelve los conflictos demostrando el sentido comunitario que poseen de las normas, su visión de la realidad y su sentido innato de justicia y equidad. Además, implica una mayor garantía de imparcialidad".

"La división entre veredicto a cargo del pueblo y sentencia a cargo del Juez estatal brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo", destaca la iniciativa.

El servicio de jurado es una carga pública que podría ser ejercida por cualquier ciudadano argentino o naturalizado, de entre 18 y 75 años, que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos y se domicilie en la jurisdicción correspondiente al lugar del hecho.

Antecedentes

El proyecto fue remitido este viernes y tuvo una elaboración conjunta de equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Justicia, encabezada por la ministra Rosario Romero, y aportes y propuestas de la AAJJ (Asociación Argentina de Juicio por Jurados) y del INECIP, (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), instituciones pioneras en la implementación de juicio por jurados en Argentina y América Latina. También hubo contribuciones del Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos.

El proyecto fue defendido recientemente en las jornadas “Juicio por Jurados, la concreción de un mandato constitucional”, organizadas por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “del Superior Tribunal de Justicia con el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia. Así, el tema tomó relevancia en la agenda pública y se lograran consensos para su aplicación en el territorio entrerriano.

Actualmente en la Argentina las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén cuentan ya con respectivas leyes vigentes de Juicio por Jurados. En tanto, Chaco, Mendoza, Río Negro y San Juan cuentan con la ley aprobada en sus Legislaturas, en proceso hacia su entrada en vigencia, según informa en su portal institucional la Asociación Argentina. En Santa Fe, por su parte, la correspondiente ley tiene al día de hoy media sanción.