E

n el marco de su visita a Gualeguaychú, el gobernador Gustavo Bordet se refirió al fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) que dejó sin efecto el decreto reglamentario de diciembre pasado.

En una rueda de prensa realizada en el Colegio Nacional Luis Clavarino de Gualeguaychú, Bordet anunció que irá por un decreto-ley que “garantice la producción, pero protegiendo la salud de los chicos en las escuelas”, a la vez que permita “superar la antinomia entre las posiciones extremas” sobre las distancias para la fumigación con agrotóxicos.

No obstante, respecto de si el gobierno apelará o no el fallo del STJ, respondió: “Aún no nos hemos reunido con el fiscal de Estado (por Julio Rodríguez Signes) para definir cómo vamos a proceder”. “En principio, dejando de lado el tema de la apelación, creo que hay que ir en busca de una norma que genere consensos en la provincia de Entre Ríos, una norma que nos haga superar la antinomia y las posiciones extremas, que proteja a los chicos en las escuelas, pero que garantice el proceso productivo y que cuide la salud de los vecinos. Vamos por una normativa que atienda a estas cuestiones, con la mirada puesta en que progresiva y paulatinamente se están realizando prácticas amigables con el medio ambiente en todo el mundo”, explicó. 

Por otra parte, aseguró que “venimos haciendo una revisión sobre este tema, nos hemos estado reuniendo con universidades para que el decreto en el que estamos trabajando tenga sustento científico, como así también atienda a la demanda de todos los sectores”, reprodujo el portal R2820. 

Consultado por R2820 sobre si el gobierno apelará o no el fallo del STJ, respondió: “Aún no nos hemos reunido con el fiscal de Estado (por Julio Rodríguez Signes) para definir cómo vamos a proceder”.

Cabe recordar que en diciembre pasado el gobernador Gustavo Bordet firmó un decreto reglamentario para la normativa que regula el uso de fitosanitarios en Entre Ríos acortando las distancias establecidas por el fallo del juez Benedetto sobre la fumigación en zonas linderas a los establecimientos educativos rurales, las cuales fueron fijadas por el juez en 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas.

A partir del fallo del STJ del pasado 14 de mayo, el cual decretó la nulidad parcial de la normativa, las distancias establecidas en primera instancia continúan vigentes.