E

n medio de la repercusión que generó en algunos medios de comunicación y la opinión pública el caso ocurrido hace un mes de un aborto practicado en el hospital Masvernat de Concordia, algunos sectores de la alianza Cambiemos junto con la Iglesia Católica emprendieron una campaña de reclamo al gobierno provincial por la derogación del “Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo” en Entre Ríos.

El caso que se difundió en los últimos días y que reflotó el debate público fue el aborto realizado a una niña de 13 años con un embarazo en curso producto de una violación. A partir de una crónica periodística publicada esta semana y que según el ministerio de Salud provincial contiene "información falsa", el periodista de La Nación, Mariano Obarrio, referente de los sectores que se oponen a la legalización del aborto, difundió el caso en las redes sociales y fue “levantado” por algunos medios de Buenos Aires y el resto del país.

Hay que investigar hasta las últimas consecuencias a los responsables de esta muerte de un bebé de 5 meses que intentó sobrevivir 10 horas a un aborto y nadie lo atendió. Presunto abandono de personas. @Osvaldobod @elentrerios
??https://t.co/dWnsQCO4uN

— Mariano Obarrio (@marianoobarrio) 7 de diciembre de 2018

En ese contexto de la opinión pública, ingresó este martes en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de declaración de la diputada de Cambiemos, Alejandra Viola, que solicita que “el Poder Ejecutivo Provincial disponga las medidas y acciones necesarias para la urgente derogación de la Resolución 2383 y 3616/17 del ministerio de Salud de la Provincia, que ha actualizado el “Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo””.

Viola: "la incertidumbre exige ser despejada a través de la lisa y llana eliminación del protocolo”

La medida de la cartera de Sonia Velázquez adhirió al Protocolo Nacional, lo cual, según la legisladora radical, recae en la “flagrante violación de las Constituciones Nacional y Provincial, al Derecho Positivo vigente, jurisprudencia y doctrina en la materia”.

Según indica el proyecto al que accedió INFORME DIGITAL, el Protocolo entrerriano está redactado en base del Protocolo elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015 con el propósito de “instruir a los agentes de salud que se desempeñan en la totalidad de las instituciones sanitarias del país, públicas y privadas, para ‘garantizar el cumplimiento del derecho a la interrupción legal del embarazo’”.

Viola señala que se produce una “ampliación en los estándares interpretativos respecto de los supuestos de ‘no punibilidad’ previstos en el artículo 86 del Código Penal” y considera que “conducen en los hechos a una situación de liberalización completa de la práctica de abortos”.

“La vocación y ejercicio de la medicina esta dirigido a intentar salvar todas las vidas en riesgo, en este caso, la de la madre y la del niño por nacer”, fundamenta la legisladora de Cambiemos. 

La diputada (foto) cuestiona que el Protocolo vigente en Entre Ríos precisa que “debe procurarse, del modo más rápido posible, concretar la práctica del aborto, sin siquiera dar cabida a un análisis médico integral para evaluar la situación de la madre sin eliminar al hijo y los pos traumas físicos y psíquicos derivados de la práctica de la eliminación de la vida por nacer”.

“Este tipo de documentos públicos carentes de fuerza jurídica sólo contribuyen a generar una situación de grave incertidumbre que, en un campo tan delicado como es el abordado por el Protocolo, exige ser despejada a través de su lisa y llana eliminación”, sentencia el proyecto ingresado y aún sin estado parlamentario.

Iglesia: "se debería dictar una resolución que deje sin efecto la anterior"

Mientras tanto, desde la Iglesia Católica, el obispo de la diócesis de Concordia, Luis Armando Collazuol, emitió un comunicado de prensa sosteniendo que” la autoridad provincial competente debería dictar una Resolución que deje sin efecto la anterior”, en alusión al protocolo.

“Ningún derecho individual puede justificar la eliminación de la vida humana del que no se puede defender. No hablamos de una vida sino de dos, la de la madre y la de su hijo o hija en gestación. Ambas deben ser preservadas y respetadas”, argumenta el prelado (foto).

Salud: "siempre se actúa respetando la legislación argentina"

Ante las repercusiones de un caso que parecía haber sido superado en el debate público y el ámbito de la salud de Concordia y de la provincia, el ministerio de Salud debió salir con su respectivo parte de prensa a ratificar que el Estado de Entre Ríos adhirió al “Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” durante 2017 y que “toda vez que se han requerido dichas prácticas, las mismas se han realizado de manera respetuosa de los derechos”.

Desde la cartera sanitaria advirtieron que la publicación que reflotó el caso del hospital Masvernat contiene “la  descripción de hechos falsos” y afirmó que “las políticas públicas que implementa están en el marco del respeto irrestricto de las leyes”.

“Es importante aclarar que siempre se actúa respetando la legislación argentina que reconoce situaciones en las que el aborto está permitido”, advierten desde Salud.

Asimismo, manifiesta el ministerio a cargo de Velázquez (foto) que “los profesionales de la salud frente a situaciones complejas de riesgo de salud, riesgo de vida o violaciones/abuso sexual, están habilitados a proceder según lo establecido en el Código Penal Art. 86, inc. 1 y 2, siempre y cuando la niña o adolescente así lo demande”.

Por último, el comunicado del gobierno remarcó su “preocupación por la manipulación de información, exponiendo a niñas, niños o adolescentes, porque se vuelve a dañar la integridad de esas personas, vulnerabilizándolas nuevamente”.

El proyecto de declaración