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n una planilla de 27 trabajadores, 23 estarían en negro y algunos de ellos serían menores de edad. Esa es la denuncia que pesa sobre el empresario bonaerense Guillermo Huarte, a quien se le cedió por cinco años un predio fiscal para que construya una planta frigorífica.
Fue anunciada como la inversión más importante para Victoria. Y pese a la oposición del Concejo Deliberante y a las denuncias públicas sobre los antecedentes del empresario Guillermo Huarte, el frigorífico comenzó a construirse en el predio fiscal de 4 hectáreas, pero hoy enfrenta un sinnúmero de problemas.
Aunque el rechazo a la cesión fue mayoritario en el Concejo, el intendente César Garcilazo, decidió cederle por cinco años el predio al empresario, quien aseguró que su inversión será de 2,3 millones de dólares.
A dos meses de iniciada la obra, se suman nuevos problemas para el empresario Huarte, un “monotributista, categoría K, que justifica una facturación anual de hasta 94 mil pesos”.
Por un lado, los trabajadores debieron tomar la planta para reclamar el pago de salarios. La protesta surtió efecto y, a las pocas horas, los obreros percibieron los dos meses de haberes, pero denunciaron que se les aplicó “incorrectamente” descuentos. Y que de los 27 obreros contratados para realizar la construcción, 23 están en negro y “muchos de ellos son menores de edad”, según publicó Paralelo 32.
Ante esta situación, la Dirección Provincial del Trabajo labró un acta, en la que se no sólo dejó constancia la denuncia de los obreros, sino que se comprobó la existencia de personal que no figuraba en la planilla de la empresa y uno de ellos menor de edad.
Las irregularidades se conocieron la semana pasada cuando los obreros, en reclamo del pago de sus salarios, tomaron la planta. Esa protesta, reflotó los cuestionamientos que se le habían hecho al empresario bonaerense Huarte, desde el Concejo Deliberante.
El inversionista sigue sumando denuncias en su contra. El contrato de arrendamiento concedido por la Municipalidad de Victoria establecía, en uno de sus puntos, que los obreros debían estar inscriptos de acuerdo a las disposiciones legales, a quienes se les debía pagar sueldos en el marco del convenio colectivo de trabajo, pero al parecer nada de eso se está cumpliendo.
Según publicó el semanario crespense, no sólo la firma Huarte SA estaba en deuda con el personal sino también con los proveedores, entre ellos, los corralones de materiales de construcción. Las irregularidades habrían comenzado hace dos meses y, casualmente, desde septiembre Guillermo Huarte no pisa suelo victoriense.
En plena toma de la planta, los trabajadores convocaron a la concejal justicialista Angélica Chadas, quien desde su banca fue la que argumentó el rechazo a la cesión de tierras a Huarte.
En aquella oportunidad, la edil había dicho que su oposición estaban fundadas en que el empresario dijo que la inversión en la ciudad iba a ser de 2,3 millones de dólares, “siendo monotributista, categoría K, cuya facturación anual, según los registros de Afip, es hasta 94 mil pesos”.
De acuerdo a los dichos de la edil, Huarte se presentó solicitando la cesión de las tierras fiscales sin ningún certificado o documento que avale la inversión que dice que va a hacer. Pero no sólo eso fue lo que generó sospechas en los ediles para rechazar su petición. El día previo a la sesión del Concejo Deliberante, el empresario conformó una Sociedad Anónima, denominada Guillermo Oscar Huarte, cuyo capital es de 12 mil pesos.
