El rechazo “in limine” de la Corte Suprema de Justicia al pedido de apartamiento del ministro Ricardo Lorenzetti por parte de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner dejó al Máximo Tribunal en condiciones de tomar una decisión sobre la causa Vialidad, en la que la exvicepresidenta ha sido condenada en dos instancias a seis años de prisión por administración fraudulenta, aunque aún resta que la sentencia quede firme. En este marco, se abren diversas posibilidades para el futuro de la expresidenta.
A pesar de que la Corte Suprema tiene en su poder el análisis del expediente, este deberá ser evaluado por las vocalías. Luego, el triunvirato formado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz, cada uno con su respectiva decisión, elevará su voto en el acuerdo, que generalmente se realiza los días martes y jueves.
Hay una expectativa latente de que esto pueda suceder la próxima semana, sin embargo, es crucial considerar tres puntos principales. En primer lugar, la Corte Suprema no tiene plazos establecidos para resolver este asunto, lo que significa que podría hacerlo incluso después de que Cristina se presente como candidata a legisladora provincial por la tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires.
En segundo lugar, la complejidad de la causa radica en los hechos que se investigan, donde la defensa de la exmandataria cuestiona la forma en que se realizaron las pericias.
El tercero, y no menos importante, es que la causa “Vialidad” no solo involucra a Cristina Fernández de Kirchner, sino también al exsecretario de Obras Públicas, José López, y al empresario santacruceño Lázaro Báez, además de otros exfuncionarios de la Dirección Nacional y Provincial de Vialidad.
Sobre los tres primeros, recae la misma pena de seis años de prisión que pesa sobre Cristina, a la que también se le suma el reclamo de la fiscalía para incluir el delito de asociación ilícita, elevando potencialmente la condena a doce años de cárcel. En resumen, no se trata únicamente del recurso de queja de la exvicepresidenta, sino de diez en total.
En medio de todo esto, se encuentra el dictamen del Procurador Eduardo Casal, quien hace menos de un mes solicitó a la Corte duplicar la pena e incluir la figura delictiva de asociación ilícita, respaldando de este modo la queja del fiscal de Casación, Mario Villar, en un documento de trece páginas.
No obstante, a partir de la próxima semana, la Corte podría dar por finalizado el trámite si opta por invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que le permite no tratar y fundamentar ciertos asuntos, declarándolos inadmisibles, lo que dejaría firme la condena y ordenaría su ejecución, incluyendo además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tal como ocurrió con el también exvicepresidente Amado Boudou en la causa “Ciccone”. Hasta aquí se presenta el primer escenario, que podría considerarse como el más repentino para el futuro político de Cristina.
El otro escenario genera mayor expectativa respecto a la decisión de los supremos: la apertura de las quejas. Esto implicaría un análisis más profundo de cada cuestión y, por ende, un mayor tiempo para definir.
Las opciones disponibles ante esta situación pueden ser cuatro: mantener la condena (algo similar a la aplicación del 280, pero fundamentada en este caso); ordenar agravar la pena (no necesariamente al monto solicitado por la fiscalía), a consideración de la Cámara Federal de Casación; morigerar la pena, es decir, reducirla o, en su defecto, absolver.
Otra de las incógnitas que surge en las últimas horas es si existe un criterio unánime entre los ministros de la Corte para tomar una decisión. En caso de no ser así, será necesario recurrir a conjueces seleccionados entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, lo que podría dilatar el proceso de decisión.
Existen antecedentes recientes en la causa “Ruta del Dinero”, cuando se debían definir recursos de las defensas, entre ellas la de Lázaro Báez. En esa ocasión, se sumaron por sorteo los magistrados Mariano Lozano y Ramón Luis González como miembros transitorios de la Corte.
A pesar de ello, en un remanente del mismo expediente que aún está en instrucción, se observó unanimidad entre Rosatti, Rozenkrantz y Lorenzetti al rechazar una objeción de la defensa de Cristina contra los fallos de la Cámara Federal Porteña y de Casación, que revocaron su sobreseimiento en la causa.
Independientemente de lo que ocurra la próxima semana, todos están atentos al calendario. Si no hay pronunciamiento de la Corte antes de las elecciones legislativas en la Provincia, Cristina podría evitar un eventual arresto en caso de obtener una victoria, gracias a su inmunidad parlamentaria; sin embargo, la justicia podría solicitar su desafuero.
Si el panorama se torna contrario, es decir, si la condena queda firme antes del cierre de listas, el Tribunal Oral Número 2 estará en condiciones de ordenar la ejecución de la condena. En tal caso, la defensa de la exmandataria podría solicitar el arresto domiciliario, quedando la decisión a criterio del tribunal.
Por último, un dato de considerable relevancia respecto a los tiempos de la Corte: el cierre de listas para las legislativas en la Provincia de Buenos Aires es el sábado 19 de julio, y el viernes 18 a las 14 horas comienza la feria judicial, que se extenderá hasta el lunes 4 de agosto. Así, si la Corte desea avanzar con la causa Vialidad, es probable que lo haga antes de su receso invernal.
