El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el Gobierno ha enviado al Congreso de la Nación los proyectos de ley destinados a fomentar la regularización de activos no declarados y reformar el marco legal actual en relación con los delitos económicos. Según precisó el funcionario, el documento fue presentado de manera electrónica tras ser firmado por él y por el presidente Javier Milei la noche anterior a su declaración pública.
En declaraciones a Radio La Red, Francos explicó que el proyecto incluye cambios normativos relacionados con los montos establecidos en la Ley Penal Económica, así como la prescripción de delitos y otros aspectos orientados a proporcionar seguridad jurídica a quienes tienen ahorros no declarados. El funcionario destacó que el objetivo principal de esta iniciativa es permitir que estos fondos ingresen a la economía sin enfrentar penalizaciones derivadas de legislaciones anteriores.
El ministro aclaró que la iniciativa busca atender la situación de muchos ciudadanos que, ante años de inestabilidad macroeconómica, optaron por resguardar sus ahorros en dólares fuera del sistema formal. “La protección de los ahorros de los argentinos” fue una de las frases que utilizó Francos para describir el espíritu del texto enviado al Parlamento. Según indicó, se pretende regularizar lo que definió como “los dólares del colchón”, en referencia a los fondos mantenidos fuera del circuito bancario o financiero tradicional.
El jefe de Gabinete evitó ofrecer detalles sobre el nombre oficial del proyecto de ley, aunque confirmó que su contenido se centra en garantizar condiciones para que aquellos que realicen gastos con sus propios fondos y ahorros no se vean sujetos a sanciones establecidas por normativas anteriores. Además, mencionó que la legislación busca acortar los plazos de prescripción de ciertos delitos como una de las herramientas para brindar garantías a los potenciales participantes del régimen.
Francos afirmó que el nuevo marco busca incentivar el uso de esos fondos en la actividad económica. “Queremos que eso se vuelque a la actividad económica para generar crecimiento”, afirmó al explicar el propósito de la iniciativa. En su intervención, utilizó como ejemplo la conducta de quienes, en décadas pasadas, buscaron preservar el valor de su dinero recurriendo al mercado informal de divisas debido a las restricciones cambiarias y los recurrentes procesos inflacionarios.
El funcionario se refirió a estos recursos como “un canuto, que lo guardaban y que no tenían dólares”, argumentando que la decisión de impulsar una legislación que contemple este tipo de situaciones nace de una visión que reconoce la realidad económica y cultural del país.
Durante su intervención, el ministro no precisó si la ley incluirá un blanqueo de capitales en términos tradicionales, pero sí enfatizó que el texto firmado por el Ejecutivo contempla “modificaciones de normativa vigente” y busca legalizar ciertos comportamientos del pasado. También mencionó que estas modificaciones podrían tener repercusiones en el sistema tributario, aunque no fue más allá en ese aspecto.
Francos explicó que la elaboración del texto consideró diversas dimensiones legales y fiscales, y que la firma del proyecto se realizó la noche anterior a su declaración pública. Indicó que el envío al Congreso se llevó a cabo a través del sistema electrónico, habilitando así el tratamiento parlamentario del proyecto desde ese momento.
El contenido completo del texto legislativo no fue divulgado con detalle, pero el funcionario insistió en que su eje principal es ofrecer garantías legales para la utilización de ahorros en dólares que actualmente están fuera del sistema. También mencionó que se busca eliminar obstáculos legales que podrían desincentivar a los potenciales usuarios del nuevo régimen.
El proyecto se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de incrementar la base monetaria sin emitir nueva moneda, apelando a recursos existentes en el país que hasta ahora no han sido incorporados al circuito económico formal. El objetivo, según se desprende de las declaraciones del jefe de Gabinete, es que estos fondos contribuyan a estimular la inversión y el consumo, en lugar de permanecer inmovilizados por el temor a eventuales sanciones legales.
En sus declaraciones, Francos evitó vincular esta iniciativa con intentos anteriores de regularización de activos no declarados, aunque reconoció que la práctica de ahorrar en dólares fuera del sistema bancario es una conducta arraigada desde hace décadas en la sociedad argentina. Mencionó como referencia temporal el período posterior al Rodrigazo, aludiendo a la crisis económica de 1975, aunque no ahondó en ese aspecto.
A lo largo de la entrevista, el ministro enfatizó que el enfoque del Gobierno es evitar mecanismos que impliquen una nueva emisión monetaria o un aumento de la presión impositiva. Reiteró que el plan del presidente Milei es mantener el equilibrio fiscal y que toda iniciativa legislativa que signifique un gasto sin financiamiento será vetada. En este marco, la recuperación de fondos existentes dentro del país se presenta como una vía para fortalecer la disponibilidad de recursos sin afectar el esquema fiscal del Ejecutivo.
Francos también sostuvo que muchos de los ahorristas que recurrieron al mercado informal no tenían intenciones delictivas, sino que actuaban motivados por la necesidad de proteger el valor de sus recursos frente a la inflación y la volatilidad cambiaria. Por esta razón, consideró razonable que el Estado establezca condiciones para permitir que esos fondos sean reutilizados sin riesgo de sanciones retroactivas.
