Mientras Entre Ríos está en el centro de la agenda nacional por el ingreso de Dolores Etchevehere y el Proyecto Artigas a la estancia Casa Nueva de paraje Quebracho, cerca de Santa Elena, en el medio de la disputa familiar por el patrimonio, se suman posicionamientos de distintas entidades, en este caso rurales.
La Federación Agraria Argentina repudió la ocupación del campo pero se diferenció de otras patronales agrarias de la Mesa de Enlace, al acceder a dar el debate sobre la propiedad de la tierra en el campo.
Lo que dice el archivo
la complicidad de quienes nos gobiernan, que desde las más altas esferas no sólo no repudian esta manera de proceder (por las tomas), sino que, por el contrario, parecen convalidarla y hasta incentivarla”.
No obstante, recordaron que “como entidad, desde nuestra creación en 1912 venimos pidiendo por políticas públicas que permitan y faciliten el acceso a la tierra, en especial a los pequeños y medianos productores”.
Para la Federación, “el camino es buscar mecanismos para facilitar el acceso a este tan preciado bien” pero aclararon que “estos procesos deben ser por la vía legal”.
Entre esos mecanismos para la “democratización de la propiedad de la tierra y su tenencia”, mencionan leyes de arrendamiento, contratos, la creación del banco de tierras.
Lo que dice el archivo
La organización intentó separar el escándalo Etchevehere de la discusión y advirtió que “más allá de los esfuerzos que pueden hacer algunos, interesados en personalizar este conflicto, hay una preocupación general, genuina y real entre los productores de todo el país”.
Esa preocupación, según la FAA, es “resultado del temor que sienten por saber que están solos ante los delincuentes”.
El comunicado completo
Desde FAA decimos sí a la democratización en la propiedad ytenencia de la tierra por medios legales; pero no a los violentos,arrebatadores y usurpadores que delinquen
En las últimas semanas se han profundizado las tomas detierras y usurpaciones en distintos puntos del país. Y ante la desesperación depropietarios que se ven despojados de sus tierras sin que nadie salga en suapoyo, alarma el tibio accionar de la justicia, que no hace valer losprincipios de nuestra Constitución.
Pero preocupa más aún la complicidad de quienes nosgobiernan, que desde las más altas esferas no sólo no repudian esta manera deproceder, sino que, por el contrario, parecen convalidarla y hastaincentivarla.
Dejemos algo en claro: como entidad, desde nuestra creaciónen 1912 venimos pidiendo por políticas públicas que permitan y faciliten elacceso a la tierra, en especial a los pequeños y medianos productores, a losagricultores familiares y a los campesinos. De hecho, en los últimos meses, enel marco del ASPO hemos presentado en reiteradas oportunidades al ministro deAgricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, la idea de avanzar en lacreación de un banco de tierras similar al que existe en Uruguay.
Es decir que estamos convencidos como sujetos, peroespecialmente como organización gremial representativa de los productores máschicos, de que el camino es buscar mecanismos para facilitar el acceso a estetan preciado bien.
Sin embargo, creemos que estos procesos deben ser por la víalegal. Deben existir políticas públicas capaces de reasignar y permitir através de créditos blandos o accesibles que tierras ociosas, como pueden seralgunas de las que maneja el Estado, puedan ser utilizadas y entregadas através de distintos mecanismos, a los agricultores más chicos.
O como hace Uruguay, que otorga las tierras en accesiblesarriendos… esos son para nosotros los caminos a transitar. La vía de lalegalidad, el de las políticas consensuadas, progresistas y tendientes agarantizar una creciente igualdad para todos los sujetos. Y no el de lailegalidad, el del arrebato ni el del delito.
Porque los casos que proliferan son de personas que(probablemente movidas por organizaciones políticas que se aprovechan de susnecesidades) toman campos o predios que tienen dueños, arrebatándoles supropiedad privada, argumentando derechos que no tienen. Ya lo dice el refránpopular: el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Y en este caso,quien no tiene no puede arrebatarle ilegalmente al que sí. No se puedendesconocer los derechos de propiedad ni volver a una barbarie en la que la leysea el uso de la fuerza.
También debemos aclarar que, más allá de los esfuerzos quepueden hacer algunos, interesados en personalizar este conflicto, hay unapreocupación general, genuina y real entre los productores de todo el país, quees resultado del temor que sienten por saber que están solos ante losdelincuentes, pero también desprotegidos y a merced de la inacción de un Estadoque debiera velar por su seguridad y la protección de sus derechos, y brillapor su ausencia.
Estamos en democracia y debería regir el estado de derecho yla plena vigencia del contrato social. Nadie debería estar preocupado porque letomen la casa o el campo en el que produce; porque se supone que el Estado através de las leyes, la justicia y el poder Ejecutivo debería velar por elrespeto a esa propiedad, buscando, mientras tanto, formas de dar respuesta aquienes tienen necesidades.
Desde Federación Agraria Argentina estamos convencidos deque se debe avanzar en una agenda que permita resolver de manera legal,legítima, consensuada y ordenada las demandas de tierras para vivienda, asícomo también el acceso a las mismas de quienes muestren voluntad de producir.Desde siempre hemos pedido por la democratización de la propiedad de la tierray su tenencia, a través de leyes de arrendamiento, contratos, la creación delbanco de tierras. Como entidad hemos presentado al Congreso de la Nación variasiniciativas en este sentido, y se las hemos expresado a los funcionarios dedistintos colores políticos a lo largo de nuestra historia. Esto es, creemosque hay que hacerlo por medio de las leyes, respetando el estado de derecho y buscandosoluciones para quienes las necesitan.
De ninguna manera podemos convalidar el delito, el arrebato,las usurpaciones, la violencia ni ningún otro procedimiento similar. Y como leshemos pedido a las autoridades, en especial al ministro Basterra y a su par,Frederic, se necesita que el gobierno se pronuncie y actúe con muchacontundencia en este sentido, para que nadie tenga dudas respecto de cuál es elcamino a seguir.
