El Consejo Empresario de Entre Ríos repudió la ocupación de campos y pidió a a Justicia que actúe con celeridad ante estos casos. Eludieron la referencia a la disputa familiar con ribetes políticos en la zona de Santa Elena.
A
través de un comunicado, el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) expresó su repudio y preocupación por el incremento de las usurpaciones de tierras en la provincia y en todo el país. “La propiedad privada es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y debe ser defendido sin titubeos”, manifestaron.
El comunicado aparece en el medio del conflicto de la familia Etchevehere por un campo cerca de Santa Elena. Sin embargo, la entidad evitó hablar de esa situación que tienen en vilo a la Provincia.
A pesar de hablar de usurpaciones, sin mencionar alguna en específico, señalaron: “Solicitamos que el Poder Judicial actúe con celeridad en estos casos y tome decisiones para restituir la confianza y defender el Estado de derecho. A las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, solicitamos que planteen en forma pública una posición clara en defensa de la Constitución y la legalidad”.
“El país atraviesa una crisis económica difícil y la actividad privada deberá cumplir un rol central en la recuperación”, manifestaron desde el CEER. “Para ello es fundamental la seguridad jurídica y la confianza de los argentinos en el rumbo del país. Entre Ríos debe generar un clima favorable para las inversiones, la producción y la generación de empleo formal privado si quiere avanzar hacia el desarrollo. Este es el único camino capaz de dar bases sólidas a las soluciones de sus problemas estructurales. Las violaciones a la propiedad privada, por lo tanto, son un problema muy grave que compromete el futuro de la provincia”.
“La legalidad y los derechos de todos los argentinos deben ser respetados. Una actitud ambigua del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sobre las usurpaciones alimentaría la incertidumbre y minaría las bases de la paz social. Estas situaciones exigen mensajes claros y esfuerzos para defender el Estado de derecho y las garantías constitucionales. Cualquier diálogo debe comenzar por un principio de convivencia elemental, que es el respeto a la Constitución Nacional”, concluyeron.