Luego de una conflictiva negociación para reestructurarUS$500 millones, la provincia de Entre Ríos finalmente logró cerrar un acuerdopor su deuda con el grupo de bonistas duros que le habían iniciado una demandaen la corte del Distrito Sur de Nueva York.
El grupo Ad Hoc de tenedores de bonos de Entre Ríos tieneaproximadamente el 58% de los títulos en circulación. A través de uncomunicado, indicó que apoyarán la propuesta de la provincia y señaló que,”tras la consumación exitosa de la solicitud de consentimiento”,harán que se retire el reclamo presentado en Estados Unidos para iniciarlejuicio.
El gobierno de Entre Ríos no ha informado aún sobre elacuerdo alcanzado, por lo que tampoco se conocen en detalle los compromisos depago contraídos y en qué medida condicionarán los flujos financieros del Estadoprovincial en los próximos años.
El conflicto de la provincia con sus acreedores comenzó elpasado 8 de agosto, cuando la gobernación no pagó US$21,87 millones por uncupón de interés del bono de US$500 millones emitido bajo legislaciónextranjera, en 2017.
En ese entonces, el gobierno de Gustavo Bordet informó quecomenzaban las “discusiones sobre el análisis de sostenibilidad de ladeuda de la provincia”. Pero el acuerdo no se logró y, unos meses después,la provincia recibió la demanda en Nueva York.
Con el pacto ya anunciado, Entre Ríos se sumará a la listade provincias que lograron cerrar sus reestructuraciones, entra las que estánMendoza (US$590 millones), Chubut (US$650 millones), Neuquén (US$694 millones),Río Negro (US$300 millones), Córdoba (US$1685 millones) y Salta (US$383millones).
Mientras que Buenos Aires (US$7148 millones), Tierra delFuego (US$170 millones), Chaco (US$250 millones), La Rioja (US$300 millones) yJujuy (US$210 millones) siguen negociando en default.
A comienzo de mes, los ministros de estas provincias sereunieron para “reafirmar su compromiso para avanzar en la restauración dela sostenibilidad de las deudas provinciales de forma coordinada yresponsable”.
En un comunicado que emitieron, indicaron que “resaltanla relevancia de mantener un adecuado flujo de comunicación y coordinaciónsobre los avances en los distintos procesos individuales” y “rechazanel uso de herramientas de presión de carácter judicial para forzar solucionesinsostenibles, afectando los principios de buena fe que deberían primar en todanegociación”.
Dos días después, la provincia de Buenos Aires volvió aposponer -por doceava vez- la extensión para negociar su deuda. El Grupo Ad Hocde Bonistas, compuesto por más de 40 fondos instituciones que tienenaproximadamente el 50% de los US$7148 millones de su deuda externa, indicó que”está sumamente preocupado por la continua ausencia de progreso por partede la provincia en subsanar el default de sus obligaciones negociablesinternacionales en circulación”.
También señaló que, si la provincia no “cambiadecisivamente el curso de acción, los miembros del grupo no tendrán más remedioque ejercer sus derechos disponibles bajo los bonos existentes”.
Según indicó el grupo, el ejercicio de estos derechos podríaincluir la aceleración de algunos o todos los bonos y/o la ejecución directa dederechos contractuales contra la provincia. “Estas acciones pueden seriniciadas en cualquier momento”, amenazaron.
