“Estamos presenciando el fin de la democracia que establecimos en Argentina”, afirmó hoy el senador nacional Oscar Parrilli, un estrecho colaborador de Cristina Kirchner, en relación a los rumores cada vez más insistentes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría ratificar en las próximas semanas la condena a seis años de prisión por corrupción en la obra pública.
De confirmarse, esta decisión resultaría en la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, justo cuando la dos veces presidenta ha decidido postularse como candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.
“Lo que los argentinos conseguimos en 1983 es una democracia libre de proscripciones y persecuciones políticas”, añadió Parrilli en el programa Yo No Fui, transmitido por Radio Con Vos. En esa misma línea, afirmó que la Corte Suprema, a la que acusó de actuar en beneficio de intereses económicos y políticos, se prepara para emitir un fallo que desestime el recurso presentado por Cristina para solicitar una revisión y retroceso de la condena confirmada por la segunda instancia en Casación.
“Sienten un enorme temor porque saben que va a arrasar en las elecciones, les va a ganar y, bueno, como no la pudieron eliminar, ahora intentan encarcelarla”, sostuvo.
Parrilli subrayó que el conflicto no se trata de un proceso judicial legítimo, sino de una maniobra coordinada por “funcionarios al servicio del poder económico monopólico y hegemónico”, dirigiendo sus críticas hacia el macrismo y el actual gobierno de Javier Milei.
El senador por Neuquén acusó a estos sectores de temer una victoria electoral de Cristina Kirchner en la tercera sección electoral, lo que, según su perspectiva, ha llevado a la decisión de apresurar una sentencia judicial para impedir su candidatura.
El senador destacó que la práctica de proscribir al peronismo no es inédita en la historia argentina, recordando episodios como la proscripción durante la Revolución Libertadora y la anulación de elecciones ganadas por el peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Parrilli afirmó que la situación actual representa un regreso a esas prácticas, con una democracia “totalmente condicionada a sus intereses políticos”. El legislador insistió en que la persecución contra Cristina Kirchner surge de las políticas aplicadas durante sus doce años de gestión, especialmente en temas de distribución del ingreso y derechos sociales.
El senador resaltó que, a pesar de ser objeto de lo que describió como una estrategia de “persecución” basada en el odio y la venganza, la figura de Cristina Kirchner sigue contando con el apoyo y la esperanza de la militancia y un amplio sector de la sociedad. “Ella lo dijo claramente: ‘No les tengo miedo. ¿Por qué no me dejan competir si dicen que estoy terminada, sola, que nadie me sigue?’”, recordó Parrilli, aludiendo al discurso de la exmandataria en su reciente acto en Corrientes.
En cuanto al posible fallo de la Corte, Parrilli se mostró convencido de que hay una instrucción directa de sectores de poder para que se emita una condena rápida. Aunque se abstuvo de hablar en nombre de Cristina Kirchner, reiteró que la expresidenta ve la situación como una persecución política.
El senador también anticipó que, si se concretara la proscripción de Cristina Kirchner, la reacción social no será “silenciosa”. “Creo que gran parte de la sociedad argentina no se quedará mirándola por televisión”, afirmó, advirtiendo sobre el impacto que una decisión de este tipo tendría en la vida política del país.
Parrilli no escatimó críticas hacia la Corte Suprema, a la que acusó de ignorar las irregularidades en el proceso contra Cristina Kirchner y de rechazar sistemáticamente los recursos de su defensa. Consideró que ya hay un pronunciamiento anticipado y que los jueces implicados actúan “al servicio del macrismo y de los grupos económicos”, recordando los vínculos entre magistrados y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
Respecto al gobernador Axel Kicillof y otros líderes del espacio, Parrilli evitó ofrecer consejos concretos, pero subrayó que el problema principal radica en el operativo político-judicial que afecta la calidad democrática. Rechazó la noción de que Cristina busque fueros para eludir causas judiciales y cuestionó las suspicacias sobre el aumento del patrimonio de empresarios vinculados al kirchnerismo, comparando con casos semejantes en otros gobiernos que, según el senador, no recibieron el mismo tratamiento.
