En acuerdo general, el Superior Tribunal de Justicia (STJ)designó, el miércoles 18, a la abogada Carola Bacaluzzo como titular delJuzgado de Garantías N° 7. Hasta ese nombramiento a dedo por parte del STJ ysin pasar por el proceso de selección del Consejo de la Magistratura, Bacaluzzose desempeñó como relatora del juez Daniel Carubia, vocal de la Sala Penal delSTJ.
Entre otras causas, Bacaluzzo tomó en sus manos elvoluminoso expediente de la denuncia por estafa que en 2013 inició DoloresEtchevehere contra su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y sus treshermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y que a lolargo de su tortuoso desarrollo sumó denuncias por vaciamiento de empresas,evasión impositiva y fraude al Estado.
Bacaluzzo se convirtió así en la sexta jueza que tramita lacausa Etchevehere, un proceso que muestra el zigzagueante camino que suelentener las denuncias en la Justicia cuando dependen del humor de losfuncionarios judiciales. El último juez a cargo de esa investigación fue JuanHipólito Carlin, un exdefensor nombrado, también por el STJ, sin intervencióndel Consejo de la Magistratura, como juez de Garantías.
La causa Etchevehere empezó, entonces, en 2013 pero a pocode andar estuvo a punto de naufragar.
El 6 de diciembre de 2013, el fiscal Ignacio Aramberry elevóal entonces juez de Instrucción Alejandro Grippo la “denuncia presentada por laciudadana Dolores Etchevehere ante esta Fiscalía a mi cargo”: 20 carillas demucha información que ponía contra las cuerdas a sus tres hermanos, LuisMiguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y a su madre, Leonor MaríaMagdalena Barbero Marcial.
El 20 de diciembre de ese año, Dolores Etchevehere ratificóante el juez Grippo los términos de la denuncia formulada por escrito.
La decisión que siguió en la Justicia fue un bochorno: el 6de febrero de 2014, la agente fiscal Evangelina Santana dictaminó lo que sigue:“Atento a la entidad del hecho que diera inicio a las presentes y siendofactible que el conflicto suscitado en autos pueda ser resuelto mediante elproceso de mediación, ante la pronta implementación en nuestra jurisdicción delnuevo ordenamiento adjetivo, remítase las presentes actuaciones a la DelegadaJudicial del Ministerio Público Fiscal, Dra. Paola Farinó, a fin de queconsulte a las partes y en caso de que presten su consentimiento, celebre lamediación”.
El 24 de febrero, y tras entrevistarse con DoloresEtchevehere, Farinó informa que la mediación resulta inviable. El 6 de marzo,la agente fiscal Santana anoticia al juez Grippo de la continuación de la causapenal. La primera medida que dicta el magistrado es pedir a la Dirección dePersonas Jurídicas de Entre Ríos información sobre la composición societaria deSociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, y deConstrucciones del Paraná SA, empresa de la que son socio los Etcheveherfe.También, a los bancos Itaú y de Entre Ríos para que informen sobre líneas decrédito otorgadas a la firma Las Margaritas, también del holding de losEtchevehere.
Dolores Etchevehere dice en un segundo escrito, presentadoel 10 de abril de 2014: ”Básicamente he denunciado la forma en la queabusivamente se ha obligado a la sociedad en beneficio de un grupo deaccionistas (mis hermanos y mi madre) lo que posibilitó la extracción de fondos líquidos para seraplicados a otra maniobra también de una tercera: Construcciones del Paraná, dela cual naturalmente no soy accionista (sí lo soy de SAER y Las Margaritas, comooportunamente explicara)”.
De ese modo, la menor del clan Etchevehere contaba de quémanera se había «vaciado» a Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER)
En la primera denuncia, la mujer habló de la “tomafraudulenta de un crédito del Banco Itaú por la suma de $1.066.000 equivalentesa u$s 250.000 al cambio de entonces (año 2011, aproximadamente $4,24242 pordólar) cuyo importe fue retirado por losdenunciados según así surge de los estados contables correspondientes alejercicio cerrado al 31 de diciembre de aquel año”. Los denunciados son, claro,sus tres hermanos y su madre.
Después, abundó en las cifras y detalló que el fraudebancario fue mayor a los u$s 250.000. Hubo otros dos montos de u$s 360.000 y u$s50.000 que los denunciadostomaron de préstamos bancarios y se repartieron en provecho personal. Por eso,en 2014 Dolores Etchevehere pidió el allanamiento de la sede de la sociedad LasMargaritas SA, en Urquiza 1123, tercer piso, el mismo edificio donde funcionóla Redacción de El Diario, con el propósito de secuestrar los libros contables“y toda otra documentación que tenga que ver con el hecho que se denuncia”.También pidió allanamientos a las sedes de SAER, en la misma dirección, Urquiza1123, tercer piso , dirección que corresponde a otra firma, Construcciones delParaná, cuyo allanamiento también solicitó.
Los préstamos, después se supo, fueron pedido por losEtchevehere a los bancos Itaú y Nación, a tasa subsidiada, en teoría para finesproductivos, pero que en la práctica fueron a dar al bolsillo de la familia.
Con su denuncia, Dolores Etchevehere procuraba establecer“la ruta del dinero” y la “posible utilización de los fondos (o parte de ellos)de los préstamos tomados por Las Margaritas SA en la transferencia de losinmuebles” propiedad de SAER. Desvío de fondos, vaciamiento, estafa: delitosgravísimos que una fiscal, más adelante, entendería como una simple peleítafamiliar.
Ese modus operandi sería luego reseñado en un dictamen delos fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra, que más tarde intervendríanen el caso tras la desafortunada intervención de la fiscal Santana y, mástarde, de su colega Laura Irene Cattáneo.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
