Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de laMagistratura y Función Judicial (AMFJ) de Entre Ríos, recibió el pedido de unanota, el pasado 21 de mayo, por parte de un Fiscal de la Unidad Funcional deInstrucción N°11 de La Plata, provincia de Buenos Aires, debido a una denunciaque presentó Fernando Burlando, por supuestas “coacciones agravadas”.
Esto se debe a que el mediático abogado que representalegalmente al ex gobernador Sergio Urribarri, en el marco del proceso queenfrenta para evitar el cumplimiento efectivo de las condenas derivadas deldenominado Megajuicio, presentó una denuncia en la Fiscalía de otra provincia.
De acuerdo a lo que consigna Análisis Digital, la oficina deacusación pública de la provincia de Buenos Aires requiere saber si duranteeste 2024, la AMFJ hizo alguna presentación ante el Colegio de Abogados deEntre Ríos (CAER) en relación con los letrados Fernando Burlando y RaúlAmendola, solicitando, en caso de que así haya ocurrido, la remisión de copiasdigitalizadas.
Cuando los abogados porteños comenzaron a intervenir ennombre de Urribarri, se hicieron denuncias públicas, acusaciones ypresentaciones contra jueces y fiscales ante el Jurado de Enjuiciamiento de laprovincia de Entre Ríos. Además, se interpusieron denuncias penales quealcanzaron al procurador general y al periodista Daniel Enz.
Alejandro Cánepa, presidente de la AMFJ.
En ese contexto, la Asociación de la Magistratura y FunciónJudicial de Entre Ríos respaldó públicamente a funcionarios judicialesdenunciados. Entre las actividades que desarrolló la entidad, se presentó unanota ante el CAER y se requirió que recuerde los “límites éticos” a losabogados.
En ese comunicado que se emitió y envió al CAER, la AMFJexpuso preocupación: “Por las manifestaciones públicas del abogadoFernando Burlando, que, según él mismo ha afirmado por distintos medios decomunicación, cuenta con un pedido de matriculación profesional en trámite porante vuestro Colegio, y quien se ha referido de manera despectiva sobre elPoder Judicial entrerriano, y sus integrantes”.
“Más aún, particularmente lo ha hecho respecto de aquellosmagistrados y funcionarios judiciales que intervinieron, ya sea en la etapa deinvestigación, juicio y/o recursos, en las causas penales por las cuales secondenó al ex Gobernador Sergio Urribarri por distintos delitos contra laadministración pública, endilgándoles a aquellos constituir, nada menos, que un‘escuadrón de fusilamiento judicial’. Calificó también la investigación y elposterior juicio como una ‘aberración jurídica’, con ‘actas truchas’ y conmedidas (por ejemplo: embargos) dispuestas con el único fin de ‘generar unimpacto mediático’”, se precisó en la carta.
Fernando Burlando.
Desde la Asociación se entendió que: “Se ha llegado unpunto en el que las instituciones no podemos seguir soportando vejacionesinútiles, ni ningún otro acto de violencia adicional a los ya demostrados,impropios del recto ejercicio de la abogacía, toda vez que el fortalecimientode las mismas, en general, y de la administración de justicia, en particular,es un objetivo común que compartimos vuestro Colegio y nuestra Asociación y quedebemos profundizar con el constante diálogo y práctica cotidiana”.
La posición pública de la AMFJ provocó que Burlando presenteesa denuncia por supuestas “coacciones agravadas” y consiguió un fiscal en LaPlata le abra una causa.
