Carla Vizzotti, ministra de Salud de Alberto Fernández, se encontraba en su último año de gestión, al igual que el del Frente de Todos, que actualmente se denomina Unión por la Patria. Javier Milei había triunfado en las elecciones y asumiría como nuevo presidente el 10 de diciembre de 2023. Para entonces, ya había estallado el escándalo del “vacunatorio VIP” en el contexto de la pandemia de COVID-19, situación que había costado el puesto a su predecesor, el médico infectólogo Ginés González García. En los medios se criticaba el manejo del dengue y de los brotes epidémicos, así como la distribución de vacunas y medicamentos, especialmente en lo que respecta a calendarios desactualizados o faltantes en hospitales y centros de salud de diversas provincias. Simultáneamente, la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que se hizo pública recientemente, reveló “un incremento considerable en la cantidad de medicamentos vencidos en comparación con el stock inicial” y, entre otros reclamos severos, observó que “en el caso de la campaña de vacunación antigripal, una compra fue entregada fuera de plazo, con casi el 70% de las dosis vencidas al momento de la auditoría”.
Los auditores de la SIGEN también señalaron deficiencias en el Ministerio de Salud que, si no se corrigen, podrían ser relevantes en el contexto de la investigación que lleva adelante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, sobre el caso del fentanilo contaminado producido por HLB Pharma, asociado a la muerte de 34 pacientes que recibieron un lote específico de este medicamento. El organismo de control, que depende directamente de la Presidencia de la Nación, identificó múltiples deficiencias y situaciones preocupantes en cuanto al control, gestión y almacenamiento de medicamentos e insumos médicos tanto en el Ministerio de Salud nacional como en distintas provincias.
Hasta abril de 2025, de acuerdo con la auditoría IF-2025-55266003-APN-GCSS#SIGEN, bajo el subtítulo “Sin Acción Correctiva Informada”, es decir, que las deficiencias persistirían, se estableció que: La Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, que depende de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), un organismo descentralizado bajo la órbita de la cartera de Salud: “Carece de un Plan Operativo, formalmente aprobado, que permita ordenar las actividades a desarrollar en el año y/o establecer prioridades para alcanzar sus objetivos”. • “Se observaron incumplimientos respecto a las disposiciones del “Reglamento Técnico Mercosur sobre Buenas Prácticas de Distribución de Productos Farmacéuticos” aprobado por la Disposición ANMAT N° 3475/2005. Esta normativa es taxativa: regula el registro, control y fiscalización de productos médicos en Argentina. Entre las obligaciones que impone, se incluye la “clasificación de productos médicos según su nivel de riesgo -por ejemplo, efedrina y fentanilo- lo que determina los controles y exigencias para su aprobación. Para mayor información, los auditores corroboraron que la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria “no posee en su dependencia los originales de los Comprobantes del Servicio Logístico (Remitos) que respaldan las entregas, como en el caso de Botiquines a los distintos Centros de Atención Primaria de Salud”.
La SIGEN también evidenció “una debilidad en la administración del stock de medicamentos, considerando la existencia de unidades vencidas sin que se priorizara la distribución de aquellas que estuvieran próximas a vencer” y registró “un incremento considerable en la cantidad de medicamentos vencidos en relación con el stock inicial, principalmente derivado de deficiencias en la planificación y distribución”. En la auditoría a la que accedió este medio se aclara que: “Esto redundó en costos adicionales por almacenamiento y destrucción tanto en medicamentos como en vacunas y otros insumos médicos esenciales”.
Entre los depósitos de las provincias donde se encontraron medicamentos vencidos figuran “Jujuy, San Luis y Santa Cruz”.
Para más información, la SIGEN constató “la presencia de insumos vencidos o no aptos para su distribución en operadores logísticos, generando costos adicionales por almacenamiento. Por ejemplo, solo para el Programa de Provisión de Medicamentos Esenciales, se hallaron más de 40.000 unidades vencidas o próximas a vencer”. También ocurrió “una demora excesiva en la tramitación para la destrucción de productos vencidos” y en algunos casos “los procesos licitatorios para contratar empresas habilitadas para el retiro y destrucción quedaron desiertos por falta de oferentes”. Además, se identificaron casos de “medicamentos fraccionados que contravienen la normativa interna, como en la provincia de Jujuy”.
La SIGEN, bajo la dirección de Miguel Blanco, estableció que durante la gestión de Carla Vizzotti en cuanto a la adquisición de vacunas, se evidenció una falta de justificación adecuada de las cantidades solicitadas o del respaldo de la necesidad, debido a la carencia de stock disponible o cobertura, y se destacó que:
• “Algunos expedientes de pago por el servicio de traslado de vacunas desde la Cámara de Frío de Ezeiza a la Cámara Central carecen de la copia del despacho a plaza, documento único que acredita la nacionalización de la mercadería, especificando, entre otros conceptos, la cantidad y su descripción”.
• “Se observó falta de aseguramiento de las entregas de los insumos en destino a través del sistema, lo cual se reemplaza con controles subsidiarios de los cuales no consta registro”.
“Falta de trazabilidad”
La SIGEN detectó una falta de control por parte del Ministerio de Salud en la “trazabilidad de medicamentos y otras drogas”. El informe indica que existen debilidades significativas en la administración y seguimiento del stock, tanto en medicamentos esenciales como en insumos para programas específicos como el de VIH.
Entre los principales problemas, la SIGEN advierte que “no se lleva un control adecuado sobre los movimientos y el destino final de los medicamentos distribuidos a las distintas jurisdicciones. Se identificaron inconsistencias y ausencia de registros confiables que permitan establecer la trazabilidad desde la compra hasta la entrega y uso en los establecimientos de salud”.
Con respecto a los medicamentos del Programa Remediar y del Fondo Rotatorio de la OPS para vacunas, la documentación y los registros disponibles resultan incompletos, y muchas veces no existen comprobantes que acrediten la recepción y correcta utilización de los insumos. Además, se indica que los operadores logísticos no siempre proporcionan información actualizada sobre el estado de los stocks y los movimientos de los productos”.
La auditoría concluye que estos problemas impactan negativamente en la gestión y control de productos críticos, lo que posibilita la pérdida, vencimiento o uso indebido de medicamentos, y deja a los programas sanitarios nacionales sin garantías de seguridad y eficiencia.
El informe de la SIGEN también deja constancia de “irregularidades en el tratamiento, disposición y destrucción de medicamentos decomisados o vencidos, así como en la supervisión de todo ese proceso, lo que podría afectar la trazabilidad” de medicamentos o precursores químicos como el fentanilo o la efedrina.
