Según informaron fuentes cercanas al juicio por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska –presidenta del tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, EE. UU.– ha ordenado al Estado argentino que proporcione una cantidad significativa de información sobre actuales y exfuncionarios.
En específico, estas fuentes indicaron que se refiere a los dos últimos ministros de Economía del país: el actual, Luis Caputo, y su predecesor, Sergio Massa, último titular del Palacio de Hacienda durante la gestión de Alberto Fernández y candidato presidencial en 2023. También podría haber solicitado información sobre otros funcionarios, tanto en el presente como en gestiones anteriores.
La información abarca una amplia variedad de datos, incluyendo mensajes personales, correos electrónicos tanto oficiales como privados, y también contenido de servicios de mensajería, como WhatsApp.
Este proceso se desarrolla en el marco del denominado “discovery” del alter ego, que busca demostrar que el Estado y la petrolera “son lo mismo”.
Burford Capital es el bufete de abogados inglés que adquirió los derechos para litigar en esta extensa causa, y es quien se beneficia del fallo en primera instancia que obligó al país a pagar USD 16.000 millones (más de USD 17.500 millones considerando los intereses) por una expropiación irregular de la empresa en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Burford convenció a Preska de que Argentina realiza tareas oficiales usando equipos privados, como teléfonos y aplicaciones de mensajería, lo que motiva su interés en acceder a esos mensajes. No solicita mensajes de naturaleza personal, sino aquellos vinculados a “palabras clave” relacionadas con la causa, como “YPF”, por ejemplo.
“Argentina no puede afirmar que ‘no hay nada’ porque eso implicaría que se ha borrado información o se han destruido dispositivos”, subrayó otro allegado. “¿Acaso funcionarios y exfuncionarios públicos ya han arrojado sus iPhones al Río de la Plata?”, bromeó en X Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
El objetivo final del “alter ego” es embargar activos y obtener parte de la sentencia. En este sentido, la jueza también habría ordenado la entrega de una variada gama de instrumentos financieros, como bonos y otros, para verificar si los demandantes consideran que pueden ser susceptibles de embargos.
Alter ego
Paralelamente a la apelación de la causa principal, que condenó al país a pagar USD 16.000 millones, surgieron una serie de peticiones por parte de Burford (la legislación de EE. UU. permite que la causa avance en el tribunal original a pesar de la apelación). Una de ellas fue exigir que el Estado transfiera el capital accionario para saldar parte de la deuda, lo que el país apeló y argumentó en la Corte de Apelaciones, cuya resolución se espera en los próximos días.
El “alter ego” es otra de las estrategias en esta causa. Se trata de una medida más que Burford intentó para cobrar o negociar: demostrar que YPF y Argentina son “lo mismo”, afirmando que el Estado no es solo el accionista mayoritario de la empresa.
Demostrar esto en un tribunal es sumamente complicado, sin embargo, los demandantes buscan obtener información durante el proceso, conocido como discovery, para argumentar que, al ser “lo mismo” y haber perdido el juicio, pueden reclamar sobre los activos de la empresa. También incluyen a otras entidades en su solicitud, como Enarsa. Ahora, también buscan acceder a instrumentos financieros como bonos.
Ese discovery incluye, por ejemplo, la demanda de información de empresas y hasta lo requerido hoy: correos electrónicos y comunicaciones entre funcionarios. Es poco probable que emerja información relevante de los datos que puedan entregarse, pero seguramente algunos se pondrán nerviosos. Está claro que se trata de otra vía a través de la cual Burford busca negociar, algo a lo que se han negado sistemáticamente los últimos cuatro gobiernos que enfrentaron esta causa: los de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.
La posición se mantendrá inalterada, según aseguran en la Casa Rosada. “No se negociará, de ninguna manera. Agotaremos todas las instancias judiciales disponibles”, le aseguraron a este medio fuentes oficiales.
