El futuro de YPF se ha visto comprometido tras el contundente fallo de la jueza Loretta Preska, quien ordenó al gobierno nacional entregar el 51% de las acciones de la petrolera. Como resultado, la cotización de la empresa cayó más de un 5%, generando inquietud en el mercado acerca de la viabilidad de un cambio en la dirección actual liderada por Horacio Marín.
A pesar de que el presidente Javier Milei ha confirmado que apelarán la decisión, ha surgido un nuevo nivel de incertidumbre. “El mercado teme una venta forzada de acciones y complicaciones para el plan de reposicionar a la petrolera como motor de Vaca Muerta. Si los demandantes obtienen el 51% de YPF, el mercado anticipa que buscarán vender esas acciones para monetizar el fallo, provocando una presión a la baja en el precio. No siendo inversores estratégicos, tratarían de liquidar rápidamente para recuperar liquidez, aceptando descuentos significativos”, enfatizó el analista de Adcap Matías Cattaruzzi.
Específicamente, el Estado nacional cuenta con un plazo de 14 días para responder a la solicitud de la jueza y presentar argumentos sólidos para la apelación, en un contexto marcado por años de sentencias desfavorables sin ninguna respuesta o intento de negociación por parte del país.
Para evitar la ejecución, es necesario solicitar y conseguir un stay of execution (suspensión) antes de que venza este plazo, algo que el experto en el caso, Sebastián Maril, considera probable, aunque con ciertas condiciones. “Preska probablemente acceda, pero exigirá que se deposite una garantía. Si no se desea proporcionar una garantía, se puede apelar, pero hay que estar preparado”, advirtió.
Otra opción sería iniciar negociaciones con Burford Capital para demostrar una señal de buena voluntad ante la Justicia. Como explicó Forbes, este fondo, titular de los derechos de litigio, no desea quedarse con las acciones de YPF, ya que eso le acarrearía pérdidas tanto por la devaluación de esas acciones como por la obligación de realizar una OPA (Oferta Pública de Adquisición) al resto de los accionistas, algo que Argentina no hizo al expropiar la empresa en 2012, dando origen al conflicto judicial.
El último recurso sería reforzar la apelación de fondo contra la sentencia de 16.000 millones de dólares, buscando que se anule toda la orden de ejecución, aunque las probabilidades de éxito son muy bajas.
Un aspecto positivo para YPF es que el fallo no vincula a la compañía y no menciona el concepto de alter ego, figura solicitada por los demandantes al argumentar que YPF y el Estado argentino son lo mismo para poder cobrar bienes de la empresa.
“Desde un punto de vista fundamental, la compañía sigue siendo sólida a largo plazo. Lo único positivo en esta situación es que, a diferencia de intentos anteriores, no se ha vinculado a la empresa en el fallo. Esta se mantiene separada de la República en la decisión”, analizaron desde Adcap.
La mayoría de los analistas consultados por Forbes coincide en que el fallo de Preska debe interpretarse como una presión al país para sentarse a negociar, más que como un inminente cambio en la propiedad de las acciones de la compañía. De hecho, el 51% de YPF actualmente tiene un valor que supera ligeramente un tercio del monto total de la sentencia, que asciende a más de 16.000 millones de dólares.
Por otro lado, resulta poco probable que la sentencia impacte en los proyectos que YPF mantiene con socios internacionales como Shell o Eni, quienes aún no han confirmado su decisión final de inversión (FID) en los acuerdos relacionados con el GNL.
“El juicio tiene 15 años; no es algo novedoso. Eni y Shell cuentan con equipos de abogados que elaboran informes diarios sobre sus socios y están completamente al tanto. Sabían que YPF enfrentaba este litigio y, aun así, decidieron avanzar con la firma de acuerdos”, afirmaron desde la industria.
