La jueza Loretta Preska ha convocado una audiencia de descubrimiento para el próximo 15 de julio a las 10:00 (hora local) en la sala 12A del tribunal federal del distrito sur de Nueva York. Esta convocatoria se realiza a pedido de los demandantes en el caso YPF, quienes buscan obtener información sobre entidades estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, con el fin de impulsar embargos.
Los beneficiarios del fallo que condenó a Argentina en el juicio relacionado con la expropiación de YPF exigen que el país responda de manera integral a una subpoena de información. Según los documentos judiciales, el gobierno argentino ya ha presentado su respuesta ante la solicitud de los demandantes. La audiencia se llevará a cabo tan solo unos días después de que el país apelara la orden judicial que lo obligaba a transferir las acciones de la petrolera.
El analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en el caso, explicó que la audiencia busca desbloquear la disputa sobre la entrega de información relacionada con posibles alter ego del Estado argentino. Según detalló, los beneficiarios del fallo buscan embargar activos de Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central como parte del proceso de ejecución de la sentencia.
“Cuando Milei asumió la Presidencia, Alberto Fernández había apelado el fallo de Preska por USD 16.000 millones. La jueza ofreció al nuevo Gobierno la posibilidad de presentar una garantía para apelar sin arriesgar embargos. Milei, por razones evidentes de su reciente asunción, decidió no presentar la garantía, lo que llevó a que comenzaran los embargos. Se solicitaron dos embargos: uno sobre las acciones de YPF, cuyo fallo se emitió la semana pasada y que fue apelado hoy. El segundo embargo implica la declaración de alter ego de esas entidades para embargar sus activos,” explicó Maril.
Esta mañana se conoció que el Gobierno argentino ha presentado una apelación contra la orden de la jueza Preska, que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado a los fondos beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012. La decisión se formalizó el 9 de julio a través de un escrito dirigido a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York.
La apelación se presentó sin esperar la decisión de Preska sobre el pedido de “stay”, que el equipo legal argentino había solicitado días atrás para suspender la ejecución del fallo mientras se revisa el caso. El documento, registrado en los expedientes iniciados por Burford Capital y Eton Park, fue firmado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a Argentina.
La causa
La demanda “madre” de este caso está vinculada a la expropiación de YPF que llevó a cabo el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En 2023, tras ocho años de litigio, Preska declaró al Estado culpable de mala praxis expropiatoria y lo condenó a abonar USD 16.000 millones, principalmente a Burford Capital, el estudio que adquirió los derechos de litigar del caso a empresas que aseguran haber sido perjudicadas por la decisión.
Ese fallo condenatorio fue apelado y, al mismo tiempo, la causa continuó su tramitación en el tribunal de Preska. En este marco, Burford formuló una serie de requerimientos, con el objetivo final de negociar con Argentina, entre ellos la adquisición de las acciones de la petrolera. Como destacó ayer Infobae en exclusiva, el Gobierno teme un nuevo fallo adverso en la causa. Existe la posibilidad de que, a pesar de haber apelado directamente a la Cámara, Preska exija garantías para conceder el stay.
Si esto sucede y la cámara no resuelve la apelación antes del lunes, y Argentina no presenta activos como garantía, podría enfrentarse a un desacato (una solicitud que deberían presentar los demandantes). Esto sería un golpe considerable para la credibilidad del país en un contexto de apertura económica, en busca de regresar a los mercados internacionales de crédito e intentando atraer inversiones que dinamicen la economía.
Como detalló este medio, el Gobierno está convencido de la existencia de “buitres domésticos” que operan, por diversas razones -políticas, coyunturales y económicas- en contra de Argentina.
“Alimentan a los buitres con la mano. Argentina no renunciará a su derecho a la defensa. Agotaremos todas las instancias judiciales para proteger los intereses de todos los argentinos”, prometen allegados al Presidente.
Se refieren, además, a las declaraciones recientes de Axel Kicillof, gobernador bonaerense; así como a exfuncionarios, estudios de abogados privados, analistas e incluso empresas que, aseguran, podrían estar moviendo sus intereses de manera insidiosa para aprovechar una YPF que, aunque no está involucrada en la causa, podría verse afectada.
Asimismo, como parte de la estrategia general, el Estado solicitará la ayuda del Gobierno de EE. UU. para que se pronuncie sobre el caso, tal como sucedió el año pasado, durante la presidencia de Joe Biden. Otro de los pilares de la defensa, afirman en Casa Rosada, será no negociar.
“No se negociará nada. La estrategia será 100% judicial en el estrado de Preska. Lo dijo el Presidente: se llegará hasta las últimas consecuencias dentro de las instancias judiciales. Hay mucha especulación alrededor de una negociación, ya que hay muchos que podrían llevarse una gran tajada especulando. En este entramado confluyen poderes políticos, corporativos y del petróleo,” aseguran desde el Gobierno.
