En el contexto del juicio por la expropiación de YPF, Argentina solicitó a la jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, que reevalúe el fallo que obliga al país a recopilar mensajes y comunicaciones de ciertos funcionarios y exfuncionarios públicos almacenados en sus dispositivos móviles.
Si la respuesta es negativa, podría darse la posibilidad de que Argentina presente una nueva apelación. Desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) explicaron las dos mociones que se han presentado.
“La primera moción de reconsideración se refiere al requerimiento a la República Argentina de recolectar y producir comunicaciones y documentos almacenados en dispositivos, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería personales de ciertos funcionarios actuales y anteriores”, señalaron.
La fundamentación se basa en que el tribunal no consideró una cuestión previa fundamental: según el derecho estadounidense, solo puede ordenarse la producción de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido, y Argentina no ejerce tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios.
El escrito también sostiene que, conforme al derecho argentino, dichos elementos son propiedad inviolable de sus titulares, a la que ni siquiera el propio gobierno argentino tiene acceso. Por lo tanto, se solicita que se reconsidere la orden, al no haberse cumplido el requisito de control exigido por la norma aplicable.
“La segunda moción solicita que se reconsidere la orden con relación a los pedidos de discovery sobre activos de la República Argentina que no son susceptibles de ejecución. Se pide que se reevalúe la orden de la jueza por haber desestimado jurisprudencia relevante, como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, que establece que solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente ejecutables. Permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese principio”, añadieron.
La orden que llegó de EEUU
A fines de julio, Preska había ordenado al Estado argentino que proporcionara un importante volumen de información sobre actuales y exfuncionarios. Entre ellos, el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y Sergio Massa, último titular del Palacio de Hacienda durante la gestión de Alberto Fernández y candidato presidencial en 2023.
Se trata de un amplio conjunto de datos que incluye mensajes personales, correos electrónicos oficiales y privados, así como contenidos de aplicaciones como WhatsApp. También figura información del Banco Central. Este procedimiento se lleva a cabo en el marco del proceso conocido como “discovery” del alter ego, destinado a demostrar que el Estado y la petrolera actúan como una misma entidad.
Todo esto se enmarca en el extenso litigio por la expropiación de YPF, dispuesta en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner. En esa causa, Preska condenó hace dos años al Estado a pagar una suma multimillonaria que, con intereses, asciende a unos USD 18.000 millones.
Según precisó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, Burford Capital, principal beneficiario del fallo, busca que el Estado le proporcione todo tipo de información acerca de las empresas que el Ejecutivo pretende privatizar, es decir, activos argentinos susceptibles de ser embargados.
Por otro lado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió a mediados de agosto que Argentina podrá esperar el resultado de la apelación sobre la entrega de acciones de YPF sin necesidad de desprenderse de esos títulos ni de ofrecer otras garantías. De hecho, quedó en suspenso la orden dictada por la jueza el 30 de junio.
El fallo se inclinó hacia la opción más favorable para el país. “Las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte analiza la apelación”, explicó Maril. “Así, Argentina puede apelar la entrega de los títulos sin necesidad de comprometer activos como garantía”, agregó el especialista.
El Ministerio de Economía celebró de inmediato la decisión, subrayando que el tribunal aceptó la participación del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae” en favor del país.
Por su parte, la Procuración del Tesoro destacó la resolución firmada por Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del tribunal: “Esta decisión garantiza que la República Argentina mantenga la participación mayoritaria del Estado en la compañía mientras se desarrolla la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos.”
