Hugo Wortman Jofré, abogado e integrante de la ONG Poder Ciudadano, analizó el pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Susana Medina, y sostuvo que el caso “no solo compromete la conducta de una magistrada, sino que pone a prueba la fortaleza institucional del Poder Judicial provincial”. Señaló que la ciudadanía argentina “ya no tolera retrocesos en materia de independencia judicial” y apuntó que el proceso debería avanzar por “una doble vía: política y penal”.
En diálogo con ANÁLISIS, Wortman Jofré ubicó la discusión en un marco histórico: “Desde el juicio a los comandantes y el rol que tuvo la Justicia en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, la sociedad tomó conciencia de lo que representa tener una Justicia independiente e imparcial. Hoy entiende a la Justicia como el último bastión de defensa de los derechos constitucionales”.
Recordó también hechos recientes que alimentaron esa reacción social: la resistencia ciudadana ante el intento del Poder Ejecutivo nacional de designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, y la movilización frente a la postulación de procuradores que no cumplían las condiciones legales, uno de ellos con antecedentes académicos falseados, impulsados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “En todos estos casos, la ciudadanía actuó con firmeza, nos acompañó en campañas públicas y en acciones judiciales, y enseñó a la política el valor de la independencia judicial. Ese estándar no se negocia”, subrayó.
El caso Susana Medina
Al evaluar el pedido de juicio político, Wortman Jofré dijo que “la investigación periodística que dio origen a la denuncia es lo suficientemente grave como para activar dos procesos en paralelo”. Explicó que, por un lado, corresponde la investigación política propia del juicio político, que revisa desempeño funcional, decoro, integridad, transparencia y garantías de imparcialidad; y, por otro, una investigación penal para determinar si hubo comisión de delitos.
Advirtió que Entre Ríos ya atravesó escándalos de gran envergadura —mencionó un exgobernador condenado y un ex jefe de Gabinete detenido en Paraguay con 200.000 dólares en un bolso— y que la provincia ya vivió “la experiencia de la corrupción estructural”. Por eso, sostuvo, “es indispensable que el Ministerio Público inicie una pesquisa penal seria”.
También remarcó que la causa anticorrupción contra la fiscal Cecilia Goyeneche dejó en evidencia la tensión entre el poder político y sectores del Poder Judicial: “Ese caso mostró cómo se intenta domesticar a los jueces independientes. La ciudadanía entrerriana aprendió de esa experiencia”.
Wortman Jofré fue enfático al decir que el caso Medina involucra a la institución en su conjunto: “Cuando una vocal del Superior Tribunal de Justicia es cuestionada, lo que se discute no es solo su conducta, sino la credibilidad del tribunal y su capacidad de controlar a sus propios miembros”. Según su análisis, la respuesta institucional será un antecedente significativo: “Si hay un manto de protección, si se dilata o se minimiza, la señal para la ciudadanía sería devastadora. Reforzaría la idea de privilegios y desigualdad ante la ley. En cambio, si se avanza con transparencia, se fortalece el Poder Judicial”.
Subrayó además el rol de los pares de Medina: “La prueba está en manos del Poder Judicial. Por eso es clave que los pares de Medina no obstaculicen la investigación y garanticen que se pueda llegar a la verdad”.
La responsabilidad institucional y la Asociación de Magistradas y Juezas
Wortman Jofré introdujo otro eje: la responsabilidad de la Asociación de Magistradas y Juezas de Argentina, presidida por Susana Medina. Recordó que en 2024 la vicepresidenta de esa organización, Norma Abate de Mazzuchelli, fue destituida por un jury en La Rioja y procesada penalmente por pedir dinero a una ciudadana. “Se trató de un hecho gravísimo. Y era la vicepresidenta de la institución que hoy conduce Medina”, enfatizó.
Por eso reclamó una revisión interna profunda: “Una organización que dice representar los estándares éticos de las mujeres juezas debe revisar qué está pasando en su conducción. Se impone una autocrítica seria, porque dos casos de esta magnitud, uno detrás del otro, obligan a revisar los mecanismos internos de control”.
“El juicio político ordena la vida republicana”
Para Wortman Jofré, el juicio político tiene una función estructural: “El juicio político no es un castigo ni una persecución. Es la herramienta que preserva el equilibrio de poderes. Ordena la vida republicana. Garantiza que quienes ocupan los cargos más altos no queden al margen de los controles democráticos”.
Con un mensaje dirigido a la sociedad entrerriana, concluyó: “Los magistrados deben ser guardianes estrictos de la Constitución y del Código Penal. Medina tiene derecho a defenderse, pero la ciudadanía tiene derecho a saber la verdad. Entre Ríos necesita marcar un límite. La investigación debe avanzar, porque no hacerlo sería un daño mayor que cualquier acusación”.
