El abogado y presidente de Poder Ciudadano, Hugo Wortman, compartirá una charla este jueves en Paraná y, en ese contexto, se refirió a la detención de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de analizar el estado actual del trabajo judicial.
En una entrevista con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Wortman destacó que la detención de la ex Presidenta “es una decisión judicial avalada por más de 20 funcionarios judiciales, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Esto garantiza que se trata de un fallo bien fundamentado y jurídicamente sólido, lo que proporciona al país seguridad jurídica frente a otros Estados y ante posibles revisiones que las defensas puedan solicitar ante organismos internacionales. Desde esa perspectiva, me parece muy positivo. Sin embargo, en relación a las condiciones de detención, prefiero no opinar sobre aspectos técnicos y específicos de los jueces de ejecución. La ley otorga un amplio margen de discrecionalidad a los magistrados en función de las circunstancias de las personas, como su edad y estado de salud, y, por supuesto, la cárcel no es deseable para nadie”.
Wortman también expresó su opinión sobre la colocación de una tobillera electrónica, señalando que “resulta innecesaria ante una persona que cuenta con custodia dado su estatus de ex Presidenta y su imposibilidad de fuga, ya que es una figura extremadamente conocida que no tiene a dónde escapar”.
En cuanto al trabajo judicial en términos generales, manifestó: “Tengo ciertas reservas respecto a los progresos de la Justicia, tanto a nivel nacional como local, siendo aún más preocupante en provincias que presentan características feudales. Es fundamental que la justicia cuente con herramientas de transparencia para rendir cuentas a la sociedad. En definitiva, es un servicio público que debe garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. La realidad es que, una vez que los expedientes ingresan a los tribunales, es difícil saber cuáles criterios se emplean para priorizar algunos casos por sobre otros. Hemos tenido conversaciones con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluyendo su presidente y el Consejo de la Magistratura, para implementar ciertas prácticas. En particular, es crucial que los jueces dispongan de un código de ética, además del sistema disciplinario que tienen, dado que la estabilidad que les otorga la Constitución Nacional y las provinciales exige un sistema de transparencia y rendición de cuentas”.
Al respecto, cuestionó: “Una vez que un expediente llega a la Corte, se genera un secretismo. Nunca se sabe quién lo tiene ni cuánto tiempo llevan con él. Existen casos de políticos condenados, en la misma situación que Cristina Fernández, que llevan cuatro o cinco años sin resolverse. Por ejemplo, Guillermo Moreno tiene condenas en cuatro casos en los que participo, y aunque hay fallos de Casación que han confirmado las condenas en dos de ellos, siguen en la Corte hace cuatro años. El caso de Cristina ingresó después y fue resuelto antes. Esto demuestra que se necesita una herramienta de transparencia que permita conocer cómo los jueces organizan su labor, lo cual es un derecho ciudadano”.
En cuanto a los límites y controles sobre los jueces, advirtió que “el principal límite que tienen es el respeto a la Constitución y al Código Penal, como cualquier ciudadano. Sin embargo, la organización de su trabajo está bajo la supervisión de la Superintendencia, que es un poder disciplinario y organizativo ejercido por los tribunales superiores respecto a los inferiores. Por ejemplo, tras la pandemia, se dejó a criterio de cada Cámara decidir cuántos días a la semana trabajan los empleados judiciales. En algunos lugares, los secretarios solo asisten tres días. Como ciudadanos, tenemos derecho a exigirles que garanticen la defensa de nuestros derechos constitucionales, y es justo que contemos con una justicia rápida, eficaz y de fácil acceso. Si hay empleados que trabajan apenas tres veces a la semana, eso afecta mi derecho a acceder a la justicia. Su organización puede ser flexible siempre que no vulnere derechos de otros ciudadanos protegidos por la Constitución”.
Wortman concluyó señalando que “los jueces tienen un control considerable sobre la instrucción de los casos, decidiendo cuántos peritos asignar, de qué área son, de quién dependen y quién los paga. En este sentido, es vital contar con un control ciudadano y periodístico, ya que la labor de los medios es esencial para denunciar estas situaciones”.
En lo que respecta al juicio de empresarios corruptos, comentó que “en el pasado era más complicado juzgarlos, pero en 2018 se aprobó la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que permite tratar a las entidades de la misma forma que a las personas físicas, e incluso imponerles penas más severas, como la disolución. En Entre Ríos, hay un caso significativo que involucra a la empresa Securitas, que se encuentra bajo investigación por primera vez”.
