El decreto 1.962, del 25 de abril pasado, puso en manos de la Policía el manejo del control de velocidad en rutas, y además creó el Registro Único de Antecedentes de Tránsito, dos instrumentos vigentes desde hace una década cuando Entre Ríos adhirió a la Ley Nacional de Tránsito. La norma, además, impuso a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) un plazo de dos meses para señalizar correctamente los caminos en los cuales se aplicarán multas por foto-radar.
En los artículos 7º y 8º de la norma, el Gobierno autoriza el gasto y el correspondiente llamado a licitación para la compra de los implementos necesarios para ponerlo en marcha. Además, a través de su artículo 1º, el decreto crea bajo la órbita de la Policía de la provincia el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, que deberá llevar la estadística de accidentología, seguros y datos del parque automotor, además de concentrar los datos de las licencias para conducir, de los infractores y sanciones. Asimismo, la norma ordena a la Policía que a la “brevedad posible” se implemente una licencia de conducir tipo en toda la provincia. Para eso, el decreto ordenó crear dentro de la fuerza la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, que tendrá a su cargo la prevención y el control de los accidentes de tránsito, para lo cual se le otorga jurisdicción sobre los puestos camineros.
El comisario Mauricio Giles, del área Legal de la Policía de Entre Ríos, todavía no hay plazos de aplicación del sistema, aunque aclaró que antes de su implementación directa, habrá un período de “concientización” a los automovilistas. De todos modos, el escollo principal tiene que ver con realizar los trámites de licitación correspondientes para la adquisición del instrumental necesario, y también llevar adelante la tarea de señalización de todas las rutas donde se hará el control.Al respecto, el titular de Vialidad Provincial, Santiago Gaitán, señaló que sólo resta “un 20 %” de la señalización en las rutas para la implementación del sistema de foto-radar. De todas formas, explicó que muchos de los carteles estaban colocados pero fueron “sustraídos”. Respecto a las líneas que se pintan sobre los caminos, “falta una parte de la ruta 39, estaríamos terminando la ruta 11 y con esos concluiríamos todas las rutas provinciales”. “No va a haber problemas; pienso que en menos de 60 días va a estar señalizado”, manifestó Gaitán, en referencia a los plazos que le impone el decreto 1.962. En este sentido, especificó que los carteles “ya están prácticamente instalados; faltará un 20 % de la señalización, algunas las hemos puesto pero las roban, ese es el problema que tenemos”.De todas formas, el titular de la DPV aseveró que “el 95 % de los accidentes son por fallas humanas: altas velocidades, distracción, etcétera, no tanto por la señalización ni por el estado de las rutas”.
ANTECEDENTE. La decisión del Gobierno de poner en manos de la Policía el control de velocidad en rutas no es nueva. Ya en 2002, durante la gestión del ex gobernador Sergio Montiel el Ejecutivo había puesto a la fuerza de seguridad a controlar los excesos de velocidad mediante el foto-radar, luego del fiasco que supuso la pretendida puesta en marcha del control vehicular y su concesión a los privados. Pero entonces la apuesta no prosperó. Tampoco antes habían surtido efectos los cambios que supuso la aplicación de la versión local de la Ley Nacional de Tránsito, cuando Oscar Mori, al frente de la Secretaría de Reforma del Estado, durante la segunda gestión de Jorge Busti, intentó llevar adelante el control vehicular. El trámite, a un costo de 50 pesos por vehículo, iba a quedar en manos de un consorcio privado, Alesia-TTI, pero el negocio no pudo ponerse a andar principalmente por el fuerte rechazo entre la gente, que consideró excesivo el costo. El paso siguiente del Poder Ejecutivo fue rescindir el contrado con los privados, una decisión que le salió caro al Estado provincial, ya que debió indemnizar a la firma con el pago de 4,6 millones de pesos/dólares.
Para destacar
La Ley Nacional de Tránsito, texto al que Entre Ríos adhirió, estableció que el límite máximo en rutas para los automóviles es de 110 kilómetros por hora; para los ómnibus, en 90; y para los camiones, en 80 kilómetros por hora. En julio de 2005, un dictamen de la Defensora del Pueblo de Buenos Aires, Alicia Pierini, dictaminó que las foto-multas son ilegales y que por lo tanto no deben abonarse. Según un estudio hecho por la Defensoría, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe son las provincias que realizan más multas mediante ese sistema. La Secretaría de Transporte de la Nación dictó la resolución 762/2005 mediante la cual declaró “la ilegalidad de la utilización de los equipos de radar-foto empleados por la Municipalidad de Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos, para medir la velocidad de circulación en la Ruta Nacional Nº 12, por no cumplir con la reglamentación metrológica y técnica establecida por la Resolución Nº 753/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería”. (apf)
