
La disputa territorial en Villa La Angostura se reavivó después de que un juez neuquino ordenara el desalojo del camping sobre la costa del Lago Correntoso, ocupado por integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao desde 2011. Lejos de acatar la resolución, los representantes comunitarios aseguraron que permanecerán en el predio y que están dispuestos a resistir cualquier intento de desalojo.
La medida, dictada a fines de noviembre por el magistrado Francisco Astoul Bonorino, fijó un plazo de cinco días para la restitución del predio. La resolución reavivó un conflicto de más de diez años en la zona, que combina reclamos de ancestralidad, disputas administrativas y tensiones políticas.
La respuesta mapuche: “No nos iremos. Queremos diálogo, pero no vamos a abandonar el territorio”
Tras conocerse la orden judicial, la comunidad difundió un comunicado en el que rechazó la restitución del camping y cuestionó el fallo. Sostienen que la sentencia “desconoce derechos históricos” y beneficia a desarrolladores inmobiliarios ajenos a la región.
Damián Olivero, vocero del grupo, sostuvo que el juez “no tuvo en cuenta el trabajo de relevamiento territorial” que, según dijo, lleva años sin completarse. En declaraciones radiales, advirtió además sobre el temor a un operativo policial inminente y recordó antecedentes de desalojos “muy violentos” en la villa turística.
El vínculo entre la comunidad Paicil Antriao y el predio del camping dio lugar a una extensa batalla judicial. Aunque en el proceso se reconoció la presencia histórica de familias mapuche en la zona, la ocupación del espacio —que originalmente estaba bajo concesión municipal— desembocó en un litigio que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.
En 2024, el TSJ rechazó el planteo de ancestralidad presentado por la comunidad y confirmó que el predio debía volver al municipio. La administración local intentaba retomar el control del camping, explotarlo turísticamente o volver a concesionarlo, pero la comunidad se negó a retirarse mientras tramitaban nuevas presentaciones judiciales.
La reciente resolución deja sin efecto esas alternativas y ratifica la orden de desalojo.
Otros conflictos abiertos en la región
Paicil Antriao no es ajena a las controversias en Villa La Angostura: el grupo protagonizó bloqueos a la obra de la ruta de Circunvalación —financiada por Nación— y protagonizó enfrentamientos públicos, incluido un reclamo por un terreno en el cerro Belvedere que los enfrentó con el ex basquetbolista Manu Ginóbili.
La tensión se extiende a otros casos en la zona cordillerana. En Villa Mascardi, por ejemplo, la comunidad Lafken Winkul Mapu conservó en el predio desalojado una escultura sagrada, el rewe, lo que les permite regresar periódicamente para realizar ceremonias. Esa situación obliga al gobierno nacional a mantener un operativo de seguridad de gran envergadura para evitar nuevas ocupaciones.
A medida que avanza el plazo judicial, crece la preocupación en Villa La Angostura por una eventual intervención policial. La comunidad insiste en que no abandonará el camping y responsabiliza al gobernador Rolando Figueroa y al municipio por cualquier consecuencia que derive del desalojo.
El conflicto vuelve a poner en agenda el debate sobre tierras y ancestralidad, y las tensiones entre comunidades indígenas, gobiernos y desarrolladores privados en áreas de alto valor turístico de la Patagonia.
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