En medio de la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el
La medida fue notificada por un inspector municipal en la que, en una breve nota, se los emplazó a los puesteros a desalojar el lugar, ubicado en Avenida Costanera y Guemes.
Ante esta decisión, más de 30 personas presentaron un recurso de amparo en la justicia en el que reclamaron que se ordene al Municipio que suspenda los desalojos, hasta tanto haya pasado la crisis del COVID-19 y se consensue la relocalización.
En el recurso de amparo, señalaron que el pedido de desalojo se da cuando el gobierno nacional prohíbe de manera terminante la circulación de personas, instaurando el denominado “aislamiento social obligatorio” cuyo incumplimiento hace a los responsables pasibles de severas sanciones.
La nota del municipio donde emplazó a los comerciantes a desalojar la zona.
En el escrito, los amparistas -con el patrocinio del abogado Carlos Reggiardo- enumeraron las disposiciones del gobierno nacional por la cuarentena, y advirtieron que a ellas adhirió el municipio. Por ello, plantearon que “no se entiende la urgencia de la medida, ya que estamos en víspera del anuncio de una nueva prórroga de la cuarentena, el presidente lo ha manifestado sin dar precisiones de la duración o si habrá nuevas excepciones, pero ha quedado claro de la necesidad de continuar con la medida en el marco del estado de situación actual y de lo que ha pasado en países que no han respetado o previsto el aislamiento, donde hoy lamentan miles y miles de contagios y muertos diariamente”.
Finalmente, los amparistas pidieron que “se dicte sentencia haciendo lugar a la presente acción de amparo, ordenando al Municipio que suspenda los desalojos, hasta tanto haya pasado la crisis del COVID-19 y se consensue la relocalización”; y que “se corra vista de la presente a la fiscalía local para que se tenga en cuenta la posible comisión de delitos y la posible necesidad de nosotros de tener que salir a romper la cuarentena por esta disposición municipal”.
