El Ministerio de Justicia de la Nación ha decidido ceder un inmueble de 5,000 metros cuadrados en la ex-ESMA, un espacio fundamental para la memoria histórica, con la intención de establecer oficinas administrativas del Poder Judicial. Esta medida ha generado una intensa controversia entre diversas organizaciones de Derechos Humanos. En diálogo con PERFIL, la legisladora porteña Victoria Montenegro expresó su enérgica repudio a esta iniciativa, argumentando que atenta contra el significado histórico y cultural del lugar. La ex-ESMA, que funcionó como un centro clandestino de detención durante la dictadura, está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Montenegro calificó la propuesta como una “provocación” y un ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia. La referente de derechos humanos no dudó en señalar que esta decisión intenta desvirtuar la esencia del sitio memorial: “El comunicado del ministro representa una nueva provocación a las políticas de memoria, verdad y justicia”.
Para la legisladora, la gravedad de la situación radica en la responsabilidad institucional que recae sobre el ministro de Justicia: “Es preocupante que una persona en su rol tenga la responsabilidad sobre un lugar que, además, es patrimonio de la humanidad”. La ex-ESMA fue un lugar donde alrededor de “cinco mil personas” permanecieron, y “la inmensa mayoría sigue desaparecida”, según Montenegro; por lo tanto, no puede ser transformada en un espacio para funciones administrativas que distorsionen su significado. “Imaginar que dentro del predio podría funcionar el ministerio o que los fiscales convoquen a personas privadas de su libertad es inconcebible”, afirmó.
Montenegro realizó una comparación contundente: “¿Te imaginas que en un sitio de memoria del Holocausto alguien propusiera establecer una oficina donde pudieran ingresar personas encadenadas? Es inaceptable”.
La legisladora también rechazó de plano la posibilidad de que patrulleros ingresen al predio con detenidos: “¿Puedes imaginar un patrullero entrando a la ESMA con personas privadas de libertad para llevar a cabo un trámite administrativo de justicia? Por supuesto que no”.
Para Montenegro, esta medida no solo es inapropiada, sino que también forma parte de una estrategia deliberada: “Por eso afirmo que es una nueva provocación, porque ese sitio tiene una función que debe ser respetada por el funcionario”.
La legisladora cuestionó la legitimidad de la decisión y sostuvo que “el ministro no tiene argumentos” y carece de la potestad para trasladar al Ministerio Público Fiscal a la ESMA. Además, destacó que “el edificio aún está en construcción y no cuenta con el final de obra”.
Montenegro considera que esta medida busca “provocar y desencadenar una batalla cultural sobre el ‘Nunca Más’ y la decisión de este Gobierno de desvirtuar lo que significa”. También relacionó esta acción con un ataque más amplio a los derechos humanos: “Se alinea con un esfuerzo sistemático de este Gobierno en contra de todas las políticas de derechos humanos en un sentido mucho más amplio”.
Cito ejemplos como las “quinientas camas vacías en el Hospital Garrahan” y la “extrema vulnerabilidad” de las personas con discapacidad, subrayando que “los derechos humanos, en su concepción más amplia, están siendo vulnerados en Argentina, y para ello es fundamental borrar todo rastro del pasado”.
### Victoria Montenegro destacó la ausencia de diálogo con los organismos de Derechos Humanos
Al ser consultada sobre la falta de consulta previa con las organizaciones de Derechos Humanos, Montenegro señaló que “el problema radica en que ellos consideran los sitios de memoria como lugares de adoctrinamiento”.
Sin embargo, resaltó que el reconocimiento de la ESMA como patrimonio de la humanidad fue consolidado gracias a los aportes de diferentes gobiernos, incluidos los de Mauricio Macri, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, quienes “comprendieron la importancia y responsabilidad institucional de ese sitio”.
La legisladora lamentó que las nuevas autoridades no busquen establecer un diálogo: “Siempre se intentó crear espacios para explicar cómo funciona, pero te encuentras con funcionarios que operan bajo un mandato de minimizar su uso”.
Montenegro argumentó que estas acciones buscan “desarticular completamente la organización que hacía posible ese funcionamiento”, afectando no solo la conservación de los edificios, que “son prueba judicial”, sino también el trabajo cultural y educativo con “los miles de chicos de escuelas públicas y privadas que visitan los sitios de memoria”.
Frente a la posible “desarticulación simbólica” del espacio de memoria, Montenegro detalló las iniciativas que la oposición está tomando: “Nos reunimos la semana pasada en la legislatura con senadores nacionales, como Recalde, diputados nacionales, como Yaski y Valdéz, senadores de la provincia de Buenos Aires, representantes de organizaciones de derechos humanos, las tres centrales de trabajadores, sobrevivientes y mesas de sitios de memoria de todo el país”.
Durante esa reunión, se expuso sobre “el vaciamiento” y se definieron estrategias que incluyen “acciones internacionales” y presentaciones judiciales, ya que “muchos de los pronunciamientos del Ejecutivo son inconstitucionales”.
Montenegro también manifestó su preocupación por el Banco Nacional de Datos Genéticos, que “actualmente está acéfalo” tras el vencimiento del mandato de su directora, lo que impacta negativamente en la búsqueda de nietos apropiados durante la dictadura.
“Cuando observas el contexto, te das cuenta de que no se trata solo de una provocación a través de un tuit o de la decisión de que la ESMA funcione como oficina del Ministerio Público Fiscal”, afirmó, subrayando que estas acciones forman parte de un plan más amplio para “borrar las historias de lucha y resistencia y naturalizar la crueldad como práctica de gobierno”.
Finalmente, la legisladora hizo un llamado a la acción colectiva: “Nuestra responsabilidad es trabajar juntos para defender la memoria, que pertenece a todo el pueblo argentino y sigue siendo un ejemplo a nivel mundial”.
