La denuncia del Gobierno, la investigación de la Fiscalía y los allanamientos concentran, al menos por ahora, a nueve personas sospechadas (cuatro funcionarios y cinco empresarios) de haber desviado fondos públicos en la Dirección Provincial de Vialidad. La ostentación millonaria del principal acusado era conocida en el ambiente desde hace años. Aquí, quién es quién en el esquema de sobreprecios que quedó bajo la lupa y cuáles son las preguntas que abre el escándalo. La maniobra reproduce un patrón ya visto en múltiples causas de corrupción: funcionarios con poder decisorio en compras o contrataciones acuerdan con empresarios proveedores presupuestos inflados, ordenes de aprobación direccionadas, pagos sobrevalorados y retornos para cada parte. Lo que diferencia a Vialidad es la escala: mientras en otras dependencias un bien puede valer 10, en este organismo llega a valer 1.000, por lo que los montos en juego y los retornos resultan exponenciales. La Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública analiza cinco operaciones irregulares. Las compras bajo investigación correspondían al Departamento Suministro de Vialidad e involucran: lubricantes; tubos de hormigón; repuestos de máquinas viales; calzado de seguridad; camisas y pantalones. Los allanamientos del martes fueron 15 en total y se realizaron en oficinas de exfuncionarios del área, en domicilios y en las empresas que habrían participado de la maniobra, además de las viviendas particulares de sus propietarios. Fueron los siguientes: 1. Sede central de la DPV. 2. Ignacio Agustín Difiori (jefe del Departamento I Suministro), en calle El Guayacán S/N. 3. Julián Efraín Ascaino Gervasoni (jefe del Departamento Gestión de Contrataciones). 4. Raúl Andrés Caraballo (jefe del Departamento Técnico), en la zona sur de la ciudad. 5. Natalia Ileana González (segunda jefa del Departamento Técnico), en la zona de Rondeau y Don Bosco. 6. Empresa Agrovial SRL, en Avenida Almafuerte de Paraná. 7. Gustavo Horacio Meynet, titular de Agrovial SRL, en la zona norte de Paraná. 8. Empresa Cooperativa de Trabajo Del Centro Limitada, en calle Emilio Caraffa de Paraná, del rubro textil. 9. Carlos Diego Gustavo Gómez, titular de esta cooperativa, en la zona del barrio Belgrano. 10. Empresa Arcrosa SA, en Avenida Facundo Zuviria de Santa Fe, dedicada a la venta de repuestos de motor. 11. Roberto Osvaldo Gonzalez, titular de Arcrosa SA, sobre Bulevar Gálvez de Santa Fe. 12. Empresa Equivial Sudamericana SA, en Avenida Olivera de Capital Federal, dedicada a la venta de repuestos para equipos viales. 13. Horacio Alfredo Fernández, titular de Equivial Sudamericana, sobre la misma avenida Olivera de CABA. 14. Empresa Premoldeados Forlin, en la localidad de Saturnino María Laspiur, provincia de Córdoba. 15. Daniel Antonio Forlin, titular de esta empresa, en la misma localidad cordobesa. Ante las sospechas iniciales, se relevaron la Jefatura de Suministros y la documentación de varias contrataciones —algunas heredadas de la gestión anterior y otras iniciadas en la actual— para comenzar el análisis. Según las autoridades, en algunos casos los sobreprecios alcanzaban el 50%. Un ejemplo citado en indumentaria muestra una adjudicación de calzado de seguridad a 150.000 pesos por par, cuando su valor real podría ser mucho menor. Montos aún más abultados aparecen en la compra de aceites y lubricantes, y, especialmente, en la adquisición de caños de hormigón para obras viales en grandes cantidades, adquiridos a la empresa de Córdoba. La denuncia de Exequiel Donda se presentó el 10 de septiembre, cuando llevó a Fiscalía cinco expedientes con sobreprecios muy evidentes. En el mes y medio siguiente se analizó la prueba, se identificaron a los involucrados y sus domicilios, y se concretaron los allanamientos. Acerca de la situación administrativa de cada funcionario denunciado, esto nos decía esta mañana en Radio Plaza el director de Vialidad, Exequiel Donda: “Los sumarios van a comenzar ahora porque si lo hacían antes de los allanamientos se corría riesgo de perder pruebas recabadas en los allanamientos. Ya el desplazamiento de las jefaturas de esas personas les habría despertado sospechas, pero un sumario administrativo lo sería aún más.” A su vez, el Tribunal de Cuentas destinó a dos personas para analizar la extensa documentación de compras que se tramitan a diario en Vialidad. El principal sospechoso es Ignacio “Nacho” Difiori, un empleado de carrera que hace una década accedió al cargo de Suministro en Vialidad. Según empleados del organismo, el sindicato SOEVER lo impulsó en acuerdo con las autoridades de turno. Lo que provocaba indignación entre los trabajadores era la ostentación permanente de una fortuna incompatible con su salario estatal. La Policía allanó su propiedad en la zona de la Toma Vieja, en calle El Guayacán. Quienes ingresaron a la vivienda describen un lujo absoluto en cada rincón: el timbre-portero suena en el celular de los dueños; habitaciones en suite; pisos, cocina y living con detalles de última generación; un quincho “de película” y una pileta enorme que, según conocidos de Difiori, se cubre automáticamente con solo presionar un botón. La majestuosa propiedad de Difiori en la zona de la Toma Vieja, allanada por la Policía. Se trata de una etapa muy inicial de la causa: en el futuro podrían aparecer más involucrados o, por el contrario, quedar desvinculadas algunas de las personas allanadas, según se determine la intervención o el rol de cada una. Entre los pasos a seguir está solicitar al Juzgado de Garantías la autorización para peritar los elementos informáticos secuestrados en viviendas y empresas, así como los celulares. La Fiscalía también podría pedir el levantamiento del secreto fiscal de los investigados para buscar indicios sobre posibles retornos y reconstruir el circuito del dinero público que el Estado habría pagado en exceso.
