La Cámara Federal confirmó el procesamiento de 14 funcionarios provinciales y de un representante técnico por su participación en el direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, hechos juzgados en el tramo principal de la causa Vialidad, por la que la expresidenta Cristina Kirchner cumple en su casa una pena de prisión de seis años.
Esta parte del expediente se concentró en funcionarios de la Administración General de Vialidad (AGV) de Santa Cruz que, según la Justicia, ejecutaron a nivel regional una maniobra de corrupción planificada desde el Poder Ejecutivo.
Fueron procesados como coautores del delito de fraude al Estado: Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Jorge Ricardo Pasiecznik, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Viviana Oliva, Gerardo Daniel Mansilla, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Horacio Cantero, Alba Lilia Josefa Cabrera y Juan Gelves. En tanto, José Carlos Pistán, quien actuó como representante técnico de varias firmas del grupo Báez, fue procesado como partícipe necesario del mismo delito.
Según el procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini y ahora confirmado por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala II de la Cámara, cada uno de los funcionarios “incumplió de forma sistemática con sus deberes, omitiendo ejercer adecuadamente deberes de control, verificación y resguardo del interés público, lo que resultó fundamental para lograr el resultado criminal deseado y oportunamente probado en las actuaciones principales”.
El fallo señala que conformaron “un engranaje clave en el direccionamiento de la obra pública hacia las empresas de Báez”, en una maniobra que incluyó múltiples irregularidades: doble concurrencia de las firmas en licitaciones, adjudicaciones rápidas y por encima de la capacidad técnica de las empresas, pagos preferenciales y extensiones injustificadas de los plazos de entrega.
“El hecho de que las mismas prácticas se reiteraran a lo largo del tiempo y en múltiples procedimientos (sin intervención correctiva alguna por parte de las autoridades de la AGVP) refuerza la hipótesis de que no fueron hechos ocasionales ni errores administrativos, sino elementos funcionales de una estructura sostenida durante más de una década orientada al favorecimiento sistemático de un grupo empresario determinado”.
“Tenemos por acreditado -sigue el fallo-, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, que los acusados permitieron implementar y articular la maquinaria de corrupción, en tanto sus funciones, dentro de sus respectivas competencias en materia de obras públicas viales”.
Los magistrados señalaron, además, que las conductas atribuidas a los exfuncionarios provinciales de Vialidad “revisten menor capacidad de daño” que las de los funcionarios nacionales. Por esa razón, desacoplaron el embargo que en su momento fijó el Tribunal Oral 2 contra Cristina Kirchner y el resto de los condenados, actualizado luego a más de 600 mil millones de dólares.
En su lugar, la Cámara dictó sobre el conjunto de los funcionarios provinciales un embargo actualizado en 8.000 millones de pesos.
(Fuente: La Nación)
