En la noche del jueves, Viale fue sacudida por un episodio de violencia extrema que volvió a poner en evidencia las zonas grises del control sobre los espacios nocturnos y la respuesta institucional ante hechos de brutalidad. En la confitería “Tano Bar” —también conocida entre los vecinos como “Lo Tano”— un joven de 31 años, identificado por las iniciales M.S.J., fue víctima de una feroz golpiza presuntamente a manos del propietario del local.
El episodio, ocurrido en la esquina de Soberanía y Formosa, provocó profunda conmoción en la comunidad. La víctima presenta una fractura del maxilar izquierdo y, tras ser atendida en el hospital local, fue derivada de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece internada en la Sala de Neurocirugía a la espera de una intervención quirúrgica. Según los primeros reportes médicos, las lesiones son compatibles con una agresión directa de alta energía y el cuadro clínico fue calificado como grave.
La denuncia fue radicada anoche en la Comisaría de Viale, cuando familiares de la víctima relataron que el joven había sido expulsado del bar a los golpes por el propio dueño. Según las primeras informaciones, la agresión fue súbita y desproporcionada, y el cliente habría quedado inconsciente durante algunos minutos. Esa secuencia mostró no solo una escena de violencia, sino la propia ferocidad del ataque.
Frente a la magnitud del episodio, la Policía de Entre Ríos inició actuaciones de oficio, comisionó al médico policial y ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad del local y de la zona. Fuentes policiales señalaron que la intención es reconstruir con precisión el desarrollo de los hechos y establecer responsabilidades penales. La evolución de la investigación preliminar podría derivar en la imputación del propietario por el delito de “lesiones graves dolosas”, previsto en el artículo 90 del Código Penal.
Pero, más allá del hecho puntual, el caso reabre el debate sobre el control administrativo y policial de los locales nocturnos en ciudades del interior provincial. “Tano Bar”, según vecinos y fuentes policiales, acumula antecedentes negativos por incidentes violentos y presuntas irregularidades; además, se mencionan sospechas de actividades ilícitas relacionadas con la explotación sexual, un extremo que aún no fue confirmado judicialmente pero que integra las líneas de investigación.
La reiteración de episodios de violencia en este tipo de locales pone en cuestionamiento el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad, la capacitación del personal y la capacidad de intervención preventiva de las fuerzas policiales y las áreas municipales de control. En ese sentido, fuentes reconocieron a este medio que “la reacción estatal muchas veces llega después de los hechos”, en lugar de anticiparse a situaciones previsibles en ámbitos donde el alcohol, la sobreocupación y las disputas personales se convierten en un cóctel riesgoso.
Desde la perspectiva de los derechos, la figura de la víctima es central. El joven agredido afronta no sólo una recuperación física prolongada, sino también las secuelas psicológicas que deja una experiencia de tal magnitud. En las horas posteriores al ataque, su familia manifestó preocupación por la demora en la adopción de medidas restrictivas contra el agresor. “Queremos que la Justicia actúe rápido, que no quede todo en la nada como otras veces”, dijo un allegado.
Por otra parte, se aguarda que la Justicia determine posibles medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento o la clausura preventiva del local, mientras continúa la investigación. En forma paralela, la Municipalidad de Viale podría intervenir mediante el área de Habilitaciones Comerciales, en función de los antecedentes del establecimiento y del cumplimiento de las normativas vigentes.
La causa, aún en etapa inicial, concentra la atención de sectores de la sociedad que reclaman mayor firmeza frente a actos de violencia extrema y una revisión integral de las condiciones en que operan ciertos espacios nocturnos. El caso de Viale, más allá del drama individual, revela una realidad que trasciende la localidad: la urgente necesidad de articular políticas públicas que garanticen el derecho a la seguridad, tanto de clientes como de vecinos.
Mientras tanto, el joven permanece internado en estado reservado y la comunidad de Viale espera respuestas. La brutalidad del episodio reclama no sólo una condena social inequívoca, sino también una respuesta institucional proporcional a la gravedad del daño. En cada caso similar se pone en juego algo más que la integridad de una persona: se prueba la capacidad del Estado para proteger la vida y la dignidad de quienes, simplemente, salieron una noche a compartir un momento de ocio.
