El calendario señala el tramo final de un acuerdo clave para la industria electrónica de Tierra del Fuego. El pacto suscrito por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas agrupadas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) el 23 de mayo vence a fin de mes, y alrededor de 1.000 contratos quedan en riesgo; muchos de ellos tenían fecha de caducidad en el segundo semestre y fueron postergados a raíz del convenio.
Si bien el sindicato intenta impedir la salida de esos trabajadores, fuentes del sector señalaron a Infobae que el escenario productivo —con bajo consumo, reducción de aranceles en celulares, mayor oferta por importaciones y precios a la baja— torna inviable esa posibilidad.
El acuerdo reguló la actividad durante la segunda mitad de 2025 y estableció mecanismos transitorios para sostener los puestos de trabajo. Las partes alcanzaron ese entendimiento luego de que el Gobierno anunciara la baja gradual de aranceles a los celulares, que se completará el 16 de enero próximo. El objetivo central fue evitar despidos en un contexto de caída del consumo y de cambios arancelarios que afectarían la producción nacional de teléfonos.
El convenio surgió tras una semana de conflicto y medidas de fuerza en la provincia. En ese marco, las partes retomaron la actividad y fijaron compromisos para evitar despidos durante el resto del año. El entendimiento incluyó herramientas transitorias y espacios de diálogo para abordar el impacto de los cambios comerciales y la situación del régimen industrial.
Según trascendió, el sector buscó trabajar con los gobiernos nacional y provincial y con la UOM para mejorar la productividad y ser más eficientes en la producción, aun en un escenario más aperturista. Aunque hubo algunas mejoras en los procesos productivos, el consumo general debilitado, la mayor oferta (en celulares, en gran parte por contrabando) y la caída de los precios en dólares respecto del año pasado ensombrecieron el panorama y llevaron a las empresas a decidir ajustes.
Desde la conducción gremial, el secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, advirtió a este medio sobre la dificultad para garantizar la continuidad de esos contratos temporarios. Explicó que el universo alcanzado por esta situación se ubicó entre 800 y 1.000 trabajadores. Indicó que muchos de esos vínculos tenían fechas de vencimiento posteriores a la firma del acuerdo y que, aun así, quedaron comprendidos dentro del esquema transitorio. Lo mismo confirmaron en una empresa del sector: “Había contratos que vencían a posteriori de que firmáramos el acuerdo y hubo que postergarlos y mantener a los trabajadores suspendidos. Pero a fin de año caducan”.
Martínez sostuvo que existe un riesgo concreto de que esos trabajadores no continúen debido a la ausencia de un panorama claro sobre la producción para 2026, y que esa falta de previsibilidad condicionó cualquier análisis sobre futuros ingresos de personal. El dirigente gremial describió además el estado actual de la actividad industrial: afirmó que las empresas operaron con sobrestock, que las ventas se mantuvieron bajas y que el consumo no mostró señales de recuperación. Según su diagnóstico, el contexto dificultó la comercialización de televisores, aires acondicionados y celulares, que enfrentaron una demanda limitada.
En cuanto a la estructura laboral, informó que el sector cuenta con alrededor de 4.000 trabajadores efectivos, y que si bien a fin de mes están en riesgo los de contrato a plazo fijo, observa con preocupación el debate sobre la continuidad del empleo en general en el marco de la reforma laboral que comenzó a debatirse en el Senado.
Fuentes empresarias describieron un escenario de mayor competencia. Mencionaron el ingreso de productos importados y el impacto del contrabando como factores que presionaron sobre la actividad local. A eso se sumó, según detallaron, un consumo retraído que afectó a distintos sectores económicos, más allá de las categorías específicas que fabrica cada empresa.
Convocatoria del gobierno provincial
En este contexto, la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, convocó a una nueva instancia de la mesa de diálogo en el marco de los Decretos Presidenciales Nº 333/25 y 334/25, vinculados a las últimas modificaciones arancelarias e impositivas dispuestas el 20 de mayo. La convocatoria se articuló en continuidad con las conversaciones que se venían desarrollando en el seno de esta mesa, e incluyó la participación presencial de representantes de alta dirigencia de cada empresa involucrada, más allá de la representación de las cámaras empresariales.
El escrito enviado por la cartera laboral destacó que, a partir de la cercanía de la fecha de aplicación de la reducción del último tramo de aranceles, era necesario obtener avances concretos respecto a la situación de continuidad productiva y laboral en cada compañía. De todos modos, en el sector empresario sugieren que el encuentro fue convocado para “ejercer presión” sobre los contratos que finalizarían a fin de mes. La reunión se programó para el viernes 19 de diciembre a las 12:00 en el Salón Auditorio del Instituto Fueguino de Turismo, en la ciudad de Ushuaia.
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