El 2 de enero, la Municipalidad de Paraná comunicó la decisión de actualizar el avalúo de los inmuebles, modificación que repercutirá directamente en el monto final a pagar de las tasas General Inmobiliaria y por Servicios Sanitarios. Así, el año arrancó con un anuncio poco simpático: una suba de tasas. Según se explicó oficialmente, el incremento promedio trepará al 67 %, abarcando una amplia franja desde el 0 % para aquellos vecinos con propiedades precarias hasta el 95 % de suba para quienes posean bienes suntuosos.Para determinar los nuevos valores, la Comuna dispuso una nueva división tributaria de la ciudad y estableció cuatro zonas -tres menos a las fijadas por la ordenanza Tributaria 2008 vigente actualmente-, y sopesó la prestación de servicios en cada sector. A los servicios los clasificó en directos -provisión de agua, tendido de red cloacal, recolección de residuos, mantenimiento vial, alumbrado público, barrido y la señalización- e indirectos -existencia de jardines maternales, contralor del tránsito, acción social, educación, deportes, centros de salud, cultura, transporte urbano, control ambiental, cuidado de balnearios-. Esos fueron los criterios -según se dijo desde el área de Hacienda- utilizados para determinar el incremento, que el Gobierno puso en vigencia mediante un decreto (1.769).La noticia generó quejas y empezaron a producirse reuniones de vecinos, que terminaron confluyendo en la sede de la Asociación Friulana, donde comenzaron las convocatorias de la comisión vecinal Sáenz Peña. En el último encuentro, realizado el viernes, los asistentes resolvieron los primeros pasos a seguir: presentaron ayer una nota al intendente José Carlos Halle para solicitarle una audiencia y otra elevaron a la Defensoría del Pueblo. También empezaron ayer a recolectar firmas en adhesión a un documento en el que explican porqué rechazan la suba. “¿En qué se gastan nuestros impuestos?” es una de las preguntas que aparece en una hoja, completa de números, que Ramón García Rau, Ramón Solari -habitantes del barrio San Agustín-; Oscar Zehender, presidente de la comisión vecinal Sáenz Peña-; Armando Patat -vecino de barrio Predolini-; Lucía Boroni -vecina de la zona céntrica-; Alicia Glauser -presidente de la vecinal Santa Lucía-; Mario Cati -residente del sector céntrico- y Olga Chicco -habitante de un vecindario cercano a Puerto Viejo- usan como guía para explicar su posición. Los vecinos señalan con preocupación el hecho de que el grueso del presupuesto municipal se destine a la partida Personal y que, mientras está declarada la emergencia en 2008 y ahora prorrogada durante 2009, han seguido produciéndose nombramientos de empleados y agrandándose la estructura municipal. En contraste, señalan que la prestación de los servicios públicos es deficiente: hay zonas que no tienen barrenderos, ni cloacas, hay minibasurales y áreas se servicio argumentan no tener el personal suficiente, puntualizó Glauser. Así las cosas, los vecinos contraponen los siguientes datos: en 2003 había cinco secretarías; en 2007, ocho y en 2009, nueve. En cuanto a las subsecretarías: en 2003 existían cinco, mientras que en 2009 ya suman 27. Y una situación similar describen en relación a la cantidad de directores: en 2003 eran 11 y ahora son 57. En total, “tenemos 169 funcionarios políticos”, aseveró Cati. Además, aseguran que entre noviembre y diciembre pasados se emitieron 14 decretos “con 100 nuevos contratados”. La medida se inscribe en una tendencia que se ha venido reiterando durante el año pasado, con nombramientos y designaciones.Para significar la incidencia que tiene el gasto en personal en el presupuesto general, marcan la siguiente relación: para este año se destinan 194 millones al pago de sueldos (el 71.2 % del total del presupuesto), mientras que para obras públicas se prevén sólo 7 millones (un 2.6 % de los ingresos). Más allá de las previsiones, los vecinos reparan en lo que ocurrió el año pasado, cuando se habían previsto 144 millones para abonar sueldos y “se terminaron gastando 199 millones”, 5 millones más que las estimaciones para 2009, apuntó Patat.Preocupados por cuál será el alcance de la suba, los vecinos quisieron acceder -sin suerte- al decreto 1.769. “Fuimos a la Municipalidad y no nos quisieron entregar el texto porque -nos dijeron- que teóricamente se podía modificar, que no estaba firme”, contó Patat, quien dijo no entender esa actitud ya que una vez que el decreto está firmado y numerado ya “no puede no estar firme”.Ante la situación, los vecinos expresaron indignación por las dificultades en el acceso al documento, que “debería estar a disposición de quién lo requiere para tratarse de un instrumento público”, expresaron.Por último, se quejaron por los cambios instrumentados por decreto en relación a la cantidad de zonas tributarias y aseguraron no conocer “ningún estudio técnico” sobre los revalúos. Con ese panorama, mencionaron que a nivel nacional, Paraná fue considerada la ciudad con mayor presión fiscal, al tiempo que preguntaron dónde quedó la promesa de campaña del intendente José Carlos Halle de que en su gobierno no habría “aumento de tasas”. (Fuente: El Diario)
