El ex intendente Sergio Varisco volverá a sentarse en el banquillo de los acusados, a partir del 10 de febrero, esta vez por haber supuestamente beneficiado a una mutual que pretendía un adelanto por descuentos futuros a empleados municipales.
Junto con Varisco, están acusados el concejal y ex secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Walter Rolandelli; y el presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Miguel Picazzo, por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude a la administración pública.
La fiscal Patricia Yedro adelantó que pedirá que sean condenados a penas de prisión condicional. En tanto, los defensores han planteado que la maniobra no constituye un delito e incluso que el pago no se concretó. Ese será el eje de la discusión que deberán discernir los jueces Gervasio Labriola, Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo.
El juicio se desarrollará durante los días 10, 11, 12, 13, 14 y 18 de febrero; y ante el tribunal pasarán 23 testigos, entre ellos, el ex diputado peronista Gustavo Guzmán, que fue quien presentó la denuncia; el dirigente gremial Hugo Vásquez; Pedro Comas y Guillermo Caíno, que dirigen mutuales que operan a través de código de descuento con empleados municipales; así como funcionarios y agentes municipales.
El ex intendente de Paraná fue condenado el 30 de diciembre como partícipe necesario en el comercio de estupefacientes, en el histórico juicio que investigó los lazos entre el gobierno municipal de Paraná durante la gestión del radical con la banda narcotraficante liderada por Daniel “Tavi” Celis.
Varisco fue sentenciado a seis años y medio de cárcel, pero fue confinado a cumplir prisión domiciliaria por su estado de salud, afectada seriamente el año pasado, primero por una intervención quirúrgica de corazón y luego por la fractura de cadera que sufrió al ser atacado a golpes en la puerta de su casa.
La maniobra
El 18 de enero de 2016, apenas un mes después de que Varisco asumiera como intendente, la Mutual Modelo solicitó un adelanto de 1.500.000 pesos de las retenciones que el municipio haría en los siguientes dos años a empleados municipales que tenían créditos con la entidad.
La Mutual se comprometió a devolver el dinero en diez cuotas iguales y consecutivas de 150.000 pesos cada una, y presentó un informe con un detalle de las cobranzas previstas hasta enero de 2018 por servicios brindados a empleados municipales, que sumaban en total 5.573.604 pesos.
En ese trámite inicial aparece también la firma de la concejal María Marta Zuiani, pareja del verdadero mandamás de la mutual, cuya intervención le permitió ahorrar el pago de los gastos de sellados que requiere el inicio de cualquier expediente.
Varisco hizo un convenio con la mutual, lo ratificó por decreto y autorizó el adelanto en un trámite express. Pero surgió un problema. El contador general, Eduardo Campdesuñé, encargado de realizar el control de legalidad y emitir la orden pago, planteó algunas objeciones.
Dijo que “no surgen los motivos por los cuales la Asociación Mutual Modelo de Entre Ríos solicita el adelanto” y recomendó que, en caso de otorgase, se le solicitara un seguro de caución por el millón y medio de pesos que pretendía la mutual. Pero dos aseguradoras consideraron “inviable” emitir una póliza de esas características.
Las intervenciones de Rolandelli
Se pidió entonces un dictamen a la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Rolandelli, quien opinó que en virtud de que el municipio “opera como agente de retención de la asociación mutual, y siendo que se cuenta con el fondo de ayudas económicas aprobado por el CUAD, cuyo monto resulta suficiente para garantizar el anticipo otorgado, cabría retener el proporcional del adelanto convenido en concepto de garantía”.
CUAD es la sigla del Centro Único de Autorización de Descuentos, una oficina creado en el ámbito de la Municipalidad, durante la gestión de José Carlos Halle, para poner orden en el sistema de descuento sobre los haberes mensuales que perciben los agentes de planta permanente y contratados, en pago por préstamos de mutuales y sindicatos.
El trámite siguió adelante, pero la orden de pago, sin embargo, terminó siendo anulada porque la propia mutual inició otro expediente, esta vez adjuntando informes contables, los montos que preveía recaudar por retenciones que haría el municipio a sus empleados y un detalle de cuánto le debía cada trabajador y cómo se lo pagaría.
La fiscal cree que esa maniobra tuvo por objeto “evitar la objeción” del contador.
De ese segundo expediente surgió la firma de un convenio, por el cual se dispuso el anticipo de 1.500.000 pesos; pero fue nuevamente objetado por Campdesuñé, en virtud del riesgo que existía para el recupero de los fondos.
