El gobierno de Uruguay, a través de su Ministerio de Ambiente, solicitó a la firma HIF Global que incluya a la ciudad argentina de Colón, Entre Ríos, dentro de los centros poblados que podrían ser afectados por la instalación de su planta de hidrógeno verde.
“Se deberán detallar los elementos más relevantes del medio natural, prestando especial atención al Área Protegida Islas del Queguay, los cuerpos de agua y los montes nativos, así como los principales elementos del medio antrópico en el entorno de cada componente, tales como centros poblados del área de influencia (incluyendo a la ciudad transfronteriza de Colón), instituciones educativas y vías de tránsito”, indicó el informe revelado por el medio oriental El Observador.
Además, las autoridades del vecino país le reclamaron a la firma controlada por capitales chilenos que releve la oferta turística y recreativa de la zona vinculada al río Uruguay. El escrito exigió “énfasis en la ciudad de Colón y otros receptores relevantes, identificando puntos de mayor sensibilidad y eventos característicos”.
La planta de HIF en Paysandú representará una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Se trataría de la principal inyección de capital privado extranjero en la economía uruguaya. El complejo tendría la capacidad de producir 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina.
En total, se prevé una producción de 880.000 toneladas de e-combustibles anuales en la última fase del proyecto. La empresa ya tiene contratos previos asegurados en Europa para colocar los productos.
A través de sucesivas reuniones con autoridades uruguayas, tanto el canciller Pablo Quirno como el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reclamaron la necesidad que la planta sea reubicada.
Es que el proyecto se establecería en una zona lindante a la costa uruguaya del río. Está al norte de Paysandú, pero frente a los balnearios de Colón. El turismo representa el principal motor económico de la zona. La alternativa argentina es que la planta se mueva 30 km tierra adentro y salga del área de impacto visual y medioambiental del río.
La posición de nuestro país está incorporada también en el pliego de condiciones que el Ministerio de Ambiente de Uruguay hizo a la multinacional. La cartera solicitó que justifique la “selección del sitio realizada” para cada componente del emprendimiento.
En ese sentido, demandó evaluar “la incidencia del proyecto en la calidad visual del entorno, considerando las instalaciones visibles”. Esto incluiría edificios industriales, chimeneas y antorchas, entre otras. Sumó a la evaluación la “percepción” desde “receptores sensibles”. Bajo este calificativo incluyó viviendas, centros poblados y zonas recreativas. “A partir de la caracterización del paisaje actual, se analizarán las modificaciones y fragmentación del paisaje”, puntualizó el escrito de Ambiente.
A comienzos de enero, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, presentó una denuncia penal al respecto. Se trata de la formalización de una pesquisa que la funcionaria venía llevando adelante. El delito sería el de contaminación ambiental.
Por otro lado, el documento oficial uruguayo incluyó estudios sobre la calidad del agua entre los términos de referencia que deberá contemplar la solicitud de autorización ambiental previa. Dentro de las medidas que solicitó Minatta está la toma de muestras del río. Es a los fines de preservar prueba en caso de que la causa penal avance.
Las autoridades uruguayas solicitaron que se justifiquen y evalúen las tecnologías seleccionadas para la producción de hidrógeno y combustibles sintéticos. En este punto, HIF deberá incluir un comparativo de las tecnologías disponibles a nivel internacional. Asimismo, tendrá que explicitar los criterios que fundamentan la elección del equipamiento que eligió para su proyecto en Paysandú.
Los ítems a considerar serán la eficiencia energética, el consumo y la disponibilidad de recursos, la seguridad y el impacto ambiental.
En ese marco, el Ministerio le pidió a la firma que realice descripciones hidrológicas del río Uruguay. El curso de agua es un recurso compartido entre ambos países. Su gestión está a cargo de un organismo binacional. Se trata de la CARU (Comisión Administradora del río Uruguay). Toda acción que un Estado quiera hacer sobre el recurso necesita el visto bueno del otro.
En el estudio que deberá realizar HIF, tendrá que considerar los caudales de agua, niveles y velocidades en períodos tanto de sequía como de creciente. El foco deberá colocarse en los puntos donde la planta captará agua del río, en los sitios en los que instalará infraestructura o descargará efluentes.
El documento que elaboró la cartera de Ambiente estableció, por último, que en la condición de que la evaluación “concluya que de implementarse el proyecto sin más existirán impactos negativos significativos, se deberá proponer medidas de mitigación”. Cuando estas no resulten suficientes, “se establecerán medidas de restauración o compensación por las afectaciones residuales”, subrayó.
“En todos los casos se deberá explicitar con claridad responsabilidades y compromisos asumidos por el proponente (HIF) en relación a cada una de las medidas propuestas”, concluyó.
