La Justicia uruguaya recibió ayer la denuncia de nuevos traslados clandestinos de presos políticos de ese país desde la Argentina, en el marco de la Operación Cóndor, las acciones de represión coordinada de las dictaduras de la región en los años setenta.El diario La República reveló ayer, basándose en una investigación realizada por el abogado vinculado a los Derechos Humanos, Oscar López Goldaracena, la existencia de un tercer traslado masivo de uruguayos detenidos en la Argentina, realizado por distintas vías (aire, mar y tierra) entre febrero y agosto de 1978. López Goldaracena, que ayer presentó con la firma de trece familiares de las víctimas su investigación ante el Juez penal Luis Charles, señaló a Clarín que aproximadamente unos 40 ciudadanos uruguayos, todos militantes de distintas fracciones de izquierda, "fueron trasladados a Montevideo por aire y mar, y probablemente también por tierra, aparentemente en 5 ó 6 viajes, luego de ser secuestrados en Buenos Aires y torturados en distintos centros de detención".El juez Charles actualmente investiga la causa del denominado "segundo vuelo", el traslado de una veintena de presos políticos uruguayos desde Buenos Aires el 5 de octubre de 1976, que estaban recluidos en el centro clandestino de detención argentino Automores Orletti, y que luego habrían sido ejecutados.El informe de Goldaracena compromete a varios jerarcas de la Armada uruguaya y hasta al propio ex dictador Gregorio Alvarez. Hasta el momento, y en cuanto a esos viajes ilegales, era la Fuerza Aérea la señalada como la principal responsable. A diferencia del modus operandi de las fuerzas represivas argentinas que desde los aviones arrojaban al Río de la Plata a los detenidos, los militares uruguayos permitían completar a los capturados el itinerario, pero en territorio oriental, y luego de ser sometidos a distintas formas de tortura, los terminaban asesinando y, en el caso de este tercer grupo de trasladados, según López Goldaracena, "ejecutando en forma masiva". Las víctimas, según señala el informe que se basó en diversas fuentes y testimonios, fueron enterradas en el centro de torturas de La Tablada en la Brigada de artillería antiaérea Nø1, en las afueras de la capital uruguaya. Mediante un decreto firmado en diciembre pasado, el gobierno de Tabaré Vázquez puso fin a la que puede llamarse la primera etapa en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura (1973-1984), aunque en ese momento dejó claro que el decreto no significaba un "punto final"."Estos casos están ahora en la órbita del Pder Judicial que, independientemente al decreto, puede disponer que se reinicien las tareas de desenterrar los restos", dijo López Goldaracena.
