El magistrado José Eduardo Ruhl pedirá además a la Cámara deDiputados el desafuero de Sergio Urribarri y Pedro Báez. El ex gobernador y su exministro de Cultura y Comunicación, ambos actuales diputados provinciales, seránsometidos a juicio por la sustracción de fondos públicos y su direccionamientoa favor de empresas que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex mandatario,a través de contrataciones de publicidad.
En pocos días el juez elevará formalmente a juicio la causaen la que se investiga a Urribarri, Báez, Aguilera y otras siete personas,entre funcionarios, testaferros y empresarios, por los delitos de negociacionesincompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a laadministración.
Ruhl resaltó que la Contaduría General y el Tribunal deCuentas “no ejercen las funciones jurisdiccionales que son reservadas al PoderJudicial de manera exclusiva” y resaltó que admitir la excepción por falta deacción “implicaría una violación a la independencia irrestricta de poderes”.
En cuanto a las críticas a la imputación, el magistradosostuvo que “el hecho punible del requerimiento fiscal satisface los extremosque debe contener: se describen hechos con una relación clara, precisa ycircunstanciada y si bien es cierto que no fueron separados materialmente, lasíntesis es correcta y beneficiosa de los intereses de la defensa, porquepermite mayor comprensión; por el contrario, la separación de los hechos, dadala multiplicidad de conductas que contiene, afectaría el derecho de defensa”,advirtió.
Resueltas estas cuestiones, los fiscales y los defensoresexpusieron cuáles son las pruebas testimoniales, documentales e instrumentalesque pretenden reproducir en el debate oral y público.
Además, el juez hizo lugar al pedido efectuado por losfiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa para solicitar a la Cámara deDiputados el levantamiento de los fueros parlamentarios que tienen Urribarri yBáez.
Testimonios
En la audiencia de remisión de la causa a juicio losfiscales y los defensores solicitaron que se convoque a casi un centenar depersonas a declarar, entre los que se cuentan funcionarios actuales y de laanterior administración, empleados del Ministerio de Cultura y Comunicación yde las empresas investigadas.
Entre los nombres más destacados se cuentan el fiscal deEstado Julio Rodríguez Signes; el secretario general de la Gobernación, EdgardoKueider; el ministro Hugo Ballay; los ex ministros Diego Valiero, GuillermoFederik, Juan Javier García y Hugo Marsó; la senadora nacional Sigrid Kunath;el ex legislador Hugo Berthet; el jefe de Policía, Gustavo Maslein; y elcontador general de la provincia, Aurelio Miraglio. También deberán comparecerlos ex funcionarios Marcelo Casaretto, Faustino Schiavoni y Walter Carballo; elex presidente del Tribunal de Cuentas, Hugo Molina; el vocal José Luis GeaSánchez; y el publicista Ignacio Labarba, entre otros.
El mecanismo
Los fiscales sostienen que entre 2010 y 2015 el exgobernador Urribarri y el ex ministro Báez “sustrajeron fondos públicos” y losdireccionaron a favor de las empresas TEP SRL y Next SRL, que figuran a nombrede testaferros de Aguilera, a través de contrataciones de campañas depublicidad de actos de gobierno por 24.204.918,69 pesos.
La creación de las empresas TEP SRL (ex Cinco Tipos) y NextSRL coincide con este período. La primera tiene como titulares formales aEmiliano Oscar Giacopuzzi y Alejandro Almada; mientras que Maximiliano RomeoSena y Luciana Almada, esposa de Aguilera, figuran como propietarios de lasegunda de ellas, aunque su defensor asegura que la firma no realizócontrataciones con el Estado.
Los fiscales señalaron que Urribarri y Báez definieron lapolítica comunicacional del gobierno provincial, a través de un plan de mediosmediante el cual no solamente determinaron cuales eran las campañaspublicitarias a realizar sino que también definieron cuales eran las empresasque debían ser contratadas.
En ese esquema, los funcionarios habrían esquivado losmecanismos legales que garantizan la libre competencia a los oferentes delEstado o simularon hacerlo otorgando múltiples órdenes de publicidad a favor delas empresas TEP SRL y Next SRL.
Para concretar la maniobra habrían realizado además una simulaciónen la distribución de la publicidad y en eso también participaban las empresasMontañana Publicidad y J.M. Bustamante Publicidad, de Hugo Fernando Montañana yJesús José María Bustamante, respectivamente, que participaban pero habiendoacordado previamente que una vez percibido el cobro, un porcentaje erareintegrado a Aguilera a través de un sistema de retornos, como lo reconoció elpropio Bustamante en el juicio abreviado en el que resultó condenado a dos añosy ocho meses de prisión condicional.
Se probó además que TEP SRL y Next SRL compartían el mismodomicilio laboral, las oficinas técnicas, administrativas y comerciales y hastalos empleados; también tenían una única contabilidad que llevaba CorinaElizabeth Cargnel
Cargnel, la contadora de Aguilera, era el “nexo” entre losfuncionarios, las oficinas públicas y las empresas, y tenía a su cargo lagestión, seguimiento y cobro de todos los contratos y la percepción deretornos.
Los fiscales Patricia Yedro, Alejandro Cánepa y GonzaloBadano, que llevaron adelante la investigación, señalaron que “para concretaresa maniobra se conformó una estructura aceitada en el marco de la cual cadauno de los imputados cumplía un rol estratégico”.
Sin embargo, durante la investigación se detectó un gran númerode campañas publicitarias simuladas, pues los trabajos contratados por elEstado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizabacon fines proselitistas, por ejemplo, para promocionar la figura de Urribarri.En ese caso las certificaciones se realizaban a través de fotomontajes,colocando en los carteles donde debía aparecer la publicidad fotos que eranelaboradas a través de photoshop o que no correspondían a la campañacontratada, con la pretensión de acreditar su cabal cumplimiento.
Lo cierto es que cuando se acreditaba el cumplimientoficticio de esa publicidad habilitaba a que se hicieran los pagos. Estamaniobra comprometió un monto de 12.170.338,96 pesos que corresponden acampañas donde se fraguaron certificaciones.
Eso vuelve a Gustavo Tamay un actor central para laejecución de la maniobra. Tamay era Responsable de Certificación dePublicidades en Vía Pública del Ministerio de Cultura y Comunicación y su rolera el de verificar que la publicidad efectivamente se cumpliera en lostérminos en que había sido contratada. Su intervención era “indispensable” paraliberar los pagos, aseguran los fiscales.
Los fiscales adelantaron que pedirán condenas para todosellos: para Urribarri, Báez y Aguilera pedirán condenas de ocho años de cárcel;para los testaferros de Aguilera solicitarán la imposición de penas de cuatroaños de prisión; pedirán que la contadora Cargnel sea condenada a seis años decárcel; y en el caso de Tamay solicitarán que se le imponga una pena de seisaños de prisión.
También podrían solicitar el decomiso de dos inmuebles dondefuncionaba la imprenta de Aguilera, uno ubicado en calle Racedo 409 y otrolindero ubicado en calle Racedo 413; también pedirán el decomiso de un camiónFord F-4000 chapa patente GPT-951, una camioneta Citroën Berlingo chapa patenteOJZ-720 y una moto Zanella ZB110, que están registrados a nombre de lasempresas.
(Fuente: Página Judicial)
