A media mañana de este lunes, en el Hospital San Martín, alrededor de cincuenta trabajadores protagonizaron una ruidosa protesta frente al despacho del director Benito Bernabé. “¡Que se vayan! ¡Que se vayan!”, coreaban los manifestantes que hicieron saber que el funcionario ya no estaba: “Vino la policía y se lo llevó”, contaron. La encolerizada protesta -sostenida en un hospital funcionando a medias, con las guardias mínimas- tenía por motivo el decreto Nº 2.845 firmado por el gobernador Sergio Urribarri el 26 de agosto. La norma, desplegada en ocho folios, dispone el sumario administrativo y el traslado de seis trabajadores nucleados en lo que se denomina “Autoconvocados del Hospital San Martín” que sostienen hace tiempo una serie de medidas de fuerza en reclamo de incremento salarial y mejores condiciones edilicias. Los afectados por la disposición son Viviana Cristina Costa, Leandro Carlos Dalinger, José María Navarro, Esteban Enrique Olarán, Horacio Romeo y Néstor Raúl Terranova. Se les imputa la realización de medidas de fuerza, desde noviembre o diciembre de 2009, “incumpliendo con las obligaciones emergentes del contrato de empleo público” lo que traería como consecuencia que “el hospital se vea resentido” para la prestación del servicio de salud. FundamentosEl decreto tiene base jurídica en la falta de tutela sindical para la protesta que llevan adelante los trabajadores que tuvo su punto culminante el 18 de agosto con lo que el gobierno, en el decreto, define como una “toma” del San Martín. En efecto, en los considerando se subraya “la ilegimidad de las medidas de fuerza” toda vez que “no cuentan con personería gremial otorgada por autoridad competente” sin respaldo de “ninguna entidad sindical”. Es así que las asambleas y otras medidas de fuerza son definidas, por el decreto, como “ilegítimas” y contrarias “a las disposiciones de la Ley de Asociaciones Gremiales incurriendo en flagrantes violaciones a las normas estatutarias que regulan la relación de empleo público”. Entre otros fundamentos de prueba se mencionan en el decreto notas de los titulares de distintos servicios del nosocomio, dando cuenta de las complicaciones surgidas por el estado de asamblea, y un acta notarial de la Escribanía Mayor de Gobierno en oportunidad de la “toma” del edificio. Se consigna, además, la denuncia penal en trámite presentada por el director del hospital contra los agentes en protesta.Evocaciones “Haremos nuestro descargo por la vía legal y administrativa”, dijo Olarán, uno de los afectados por la norma, promediando una reunión con el director Bernabé que tuvo lugar en el mediodía de ayer. “Volvemos a la época de (Sergio) Montiel”, dijo el dirigente de los autoconvocados. “Vuelve la judicialización de la protesta, vuelve la decisión de disponer traslados, persecuciones, cuando se reclaman salarios o mejores condiciones del hospital para atender a la población”, cuestionó. “Cuando no quieren responder a una demanda, encuentran la persecución como salida”, añadió Olarán que hizo saber que los trabajadores afectados por el decreto tomarán contacto con los abogados de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para responder “en lo penal y en lo administrativo”. (Fuente: El Diario)
