En la investigación penal, también están imputados otros exfuncionarios del gobierno de Urribarri.
Para Luis Alfonso Erbes, la Fiscalía solicitó 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua y una multa de $360 mil. Para Carlos Haidar, 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y el pago de una multa de $540 mil; para Miguel Ángel Ulrich, 4 años y 6 meses, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $360 mil; y para José Humberto Flores, 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de $90 mil.
Qué se investiga
La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, propietario de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri.
En una audiencia realizada en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron los montos entregados en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas de Cardona Herreros.
Los cálculos se basan en un informe contable elaborado durante la investigación, que se pretende presentar en el juicio oral. A continuación, se transcriben partes de los «PLM» registrados en la causa, relacionados con cada licitación. Cabe recordar que con esta sigla se identificaron las coimas en planillas, documentación y correos electrónicos, según la abundante evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Licitación 1/08, la primera. Se pagó un total de PLM de $3.062.000 (tres millones sesenta y dos mil pesos). Esta suma se distribuyó de la siguiente manera:
36,47% para SDU (NdR: corresponde al exgobernador Sergio Daniel Urribarri), totalizando $1.000.007 (un millón siete pesos)
36,47% para equipo, que representa la misma suma, identificada con los empresarios de Relevamientos Catastrales.
5,46% para JGLapo, iniciales que corresponden a José Gervasio Laporte, con un total de $149.713.
7,29% a una persona no identificada.
7% para Zurdo Ruso (NdR: en diferentes partes de la investigación, “Ruso” hace referencia a Luis Alfonso Erbes), que resultó en $141.940.
Además, había un PLM fijo de $280.000 “destinados al jefe”. “Según la evidencia recolectada, se estableció que esto se refería a Urribarri, así como un porcentaje adicional de $40.000 otorgados bajo instrucciones de Cardona Herreros”, expuso Yedro.
Ampliación de la Licitación 1/08: se pagó un total de PLM de $1.038.000, distribuido de la siguiente manera:
$30.000 mensuales para Lemon, totalizando $240.000.
$106.000 mensuales PLM Entre Ríos, originando un total de $848.000.
“En el marco de la contratación directa derivada de la 1/08, el PLM alcanzó los $800.000, con $30.000 mensuales destinados a Entre Ríos y $50.000 mensuales para Lemon, distribuidos entre tres miembros de la sociedad (Alfonso Campitelli, Diego Cardona Herreros y Jorge Zanabone), totalizando $500.000 entre ellos tres”, detalló la fiscal este jueves.
Y agregó: “La Licitación 48/11 arrojó un PLM total de $3.762.000, distribuido de la siguiente manera:
$7000 PLM uno,
$7000 al Ruso, total $252.000,
PLM dos $50.000, totalizando $1.800.000,
PLM tres $10.000 para la Casa de Entre Ríos, lo que totalizó $360.000.
“En este PLM, hubo una distribución interna entre los miembros de la sociedad, y cada uno cobró $180.000. También hubo otra distribución interna de $45.000 para Cardona Herreros, Campitelli y Zanabone, resultando en un total de $270.000 para cada uno”, acotó la fiscal.
Licitación 84/13 del Ministerio de Trabajo tuvo un PLM total de $6.876.000. La distribución fue la siguiente:
Guillermo Smaldone $50.000, totalizando $1.800.000,
MU (identificado como Mauro Urribarri) $40.000, totalizando $1.440.000,
DAC $40.000, resultando en $1.440.000,
Ruso $20.000, totalizando $720.000,
Turco (refiriéndose a Carlos Haidar) $5.000, lo que dio un total de $180.000.
También hubo distribución interna.
Licitación 2/15 resultó en un PLM total de $1.836.000.
Ruso $7000, totalizando $126.000.
Equipo $40.000. “La estimación contable oscila entre $540.000 y $720.000; la distribución fue reducida, por lo cual los PLM dos y tres pudieron haber sido menores”, indicó la fiscal.
Miguel Ulrich recibió $5.000 mensuales, totalizando $90.000.
Y se realizó una distribución entre Cardona Herreros y Campitelli de $15.000, resultando en $270.000 para cada uno.
“Estos PLM se refieren concretamente a las licitaciones, pero también se corroboraron otros conceptos registrados como PLM Entre Ríos”, diferenció la fiscal.
“Cada vez que se efectuaba el pago de la provincia, se ponían en marcha los PLM”
Así lo enfatizó la fiscal Yedro. “Esa era la mecánica; cada vez que se realizaba un pago de la provincia por una contratación, se activaba este sistema de distribución de PLM entre funcionarios y empresarios”.
En el desarrollo de la investigación, los fiscales reconstruyeron la ruta, los montos y los beneficiarios a partir de comunicaciones internas y asientos contables. Las operatorias variaron: se emitieron cheques a nombre de empresas asociadas que se registraron como “pagos de contraprestaciones ficticias o servicios simulados”, facturados por terceros a Relevamientos Catastrales. También hubo dinero en efectivo, y las empresas adquirieron bienes y servicios para funcionarios políticos o sus familiares.
“No solo consideramos mensajes de correos, anotaciones y registros hallados, sino que también se cotejaron con asientos contables, expedientes de cada licitación y expedientes de pago. A través de la documentación que la Fiscalía se ocupó de recopilar, quedó evidenciada la mecánica”, manifestó Yedro.
La fiscal declaró que el dinero destinado al exgobernador “era almacenado en las oficinas de Cardona”. “También se hicieron depósitos bancarios para otros funcionarios. Esta información surgió de las entrevistas con las secretarias de Cardona Herreros y otros testigos”.
Pasajes, objetos y un vínculo estrecho
La fiscal mencionó la compra de pasajes aéreos para la familia Urribarri y Smaldone, realizada por las empresas que dirigía Cardona Herreros u otras asociadas. También se adquirieron alfombras que fueron entregadas en un departamento en la calle Lafinur de Capital Federal (uno de los domicilios del exgobernador), y que recibieron Ana Lía Aguilera, esposa de Urribarri. Las alfombras no fueron el único objeto; Relevamientos Catastrales también compró una heladera y una cinta para correr, que fueron entregadas en el mismo domicilio en Capital Federal y recibidas por la esposa del exgobernador.
Las contrataciones del Estado provincial a estas empresas, los sobreprecios y coimas, así como la compra de objetos costosos y pasajes aéreos para funcionarios políticos y familiares, quedan enmarcadas en el estrechísimo vínculo amistoso entre Urribarri y Cardona Herreros.
Dicha relación se expone a través de cientos de mensajes telefónicos y conversaciones entre los dos principales imputados en la investigación. “Es bien sabido que el exgobernador empleaba líneas a nombre de terceros para comunicarse con determinadas personas. Por ejemplo, acostumbraba usar una línea a nombre de Rubén Ángel Martínez”, apuntó la fiscal.
