Las exportaciones agropecuarias de Argentina han alcanzado un total de 1,3 billones de dólares, ajustados por inflación desde 2003 hasta 2024. Sin embargo, uno de cada cuatro dólares generados por este sector ha terminado en el exterior o ha quedado “bajo el colchón”. Según se estima, hay alrededor de 330.000 millones de dólares ahorrados fuera del país o internamente, pero sin estar depositados en bancos.
Estos datos provienen de la consultora Idesa, dirigida por el economista Jorge Colina. En su informe, se señala: “De los dólares generados por el campo, la principal fuente de divisas en Argentina, después de cubrir importaciones, turismo en el extranjero e intereses de deuda, el saldo restante no se reinvirtió en el país, sino que se acumuló fuera del sistema. Este fenómeno tiene consecuencias muy negativas para la economía. Existen múltiples razones por las que los argentinos no invierten en proyectos productivos, pero no cabe duda de que la actitud persecutoria del Estado ha intensificado esta situación”.
En 2024, el campo se consolidó como el principal exportador del país, aportando seis de cada diez dólares recibidos. Las principales exportaciones agrícolas argentinas incluyen harina de soja, aceite de soja, maíz, trigo y carne bovina. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta que, basándose en los precios y volúmenes estimados, el sector podría sumar 30.800 millones de dólares en el mercado de cambios.
La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, buscando incentivar a los contribuyentes a poner en circulación los dólares acumulados. En este contexto, se eliminaron varios regímenes de información para ciertas compras y se restringieron las exigencias a los bancos, exceptuándolos de esta carga para montos menores.
Además, se determinó que, a partir del próximo ejercicio, la ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos) será la encargada de establecer el impuesto a los ingresos personales. En caso de no haber objeciones por parte del contribuyente, no se solicitará más información sobre variaciones patrimoniales o consumos.
Pocas horas después del anuncio, productores agropecuarios utilizaron las redes sociales para expresar sus diferencias con el enfoque del gobierno. “Mis productos agropecuarios, mis dólares, mi decisión. Fin”, escribió Vanesa Padullés, productora y presidenta de Coninagro Córdoba. Esta postura fue respaldada por otros, en referencia a las advertencias de los funcionarios para que el campo liquide sus operaciones.
Idesa evaluó que las medidas oficiales son un paso en la dirección correcta, aunque advierte que deben complementarse con “controles inteligentes”. Sugerencia que incluye la utilización de la “enorme masa de información” que posee el Estado para detectar y combatir delitos económicos.
Por otro lado, Idesa menciona la necesidad de reconvertir las agencias del Estado, siendo la ARCA la más trascendental. Este organismo, con un presupuesto considerable (que recibe más recursos que 18 provincias a través de la coparticipación), destina el 83% de sus gastos a salarios y un 8% a costos relacionados con sus empleados, como limpieza y seguridad.
Se destaca que el remanente disponible para inversión en tecnología es “marginal”. Según Idesa, esta reconversión debería extenderse también a la Unidad de Información Financiera (UIF), que tiene el deber de detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de acuerdo con las normativas internacionales.
