CÓRDOBA.- Las cámaras de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino estiman en US$160 millones las nuevas inversiones en plantas de etanol si prospera el proyecto sobre biocombustibles impulsado por la Liga de Provincias Bioenergéticas (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán) y respaldado por la Unión Industrial Argentina (UIA).
La iniciativa para las naftas prevé que el corte mínimo de bioetanol suba del 12% al 15% en los próximos dos años. Hay un régimen diferenciado del 10% para la región patagónica, sujeto a revisiones periódicas. No obstante, el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Veller, señaló en comisión que el oficialismo propone una alternativa que posterga el aumento del corte hasta 2027.
Desde las cámaras explicaron a LA NACION que las inversiones ya realizadas en ampliaciones permiten que la capacidad instalada produzca el bioetanol necesario para elevar el corte del 12% al 15%. Además, los proyectos en ejecución suman US$240 millones (los más avanzados rondan los US$160 millones). Los que están en carpeta suman otros US$160 millones.
Los proyectos en ejecución suman US$240 millones (los más avanzados rondan los US$160 millones). Los que están en carpeta suman otros US$160 millones
“Las inversiones van acompañando el crecimiento del consumo de etanol -explicó Feijoó-. No es la misma demanda hoy que la del 2019 cuando se aumentó el corte. Por ejemplo, la Secretaría de Energía acaba de habilitar cupos otorgados en noviembre del 2023 a empresas que realizaron ampliaciones importantes. La tendencia global también estimula inversiones, independientemente de la situación local”.
Los integrantes de las comisiones directivas de ambas cámaras, junto a Maizar, mantuvieron una reunión en la que ratificaron, “de manera unánime”, su “respaldo total” al proyecto de ley de biocombustibles que lleva la firma, entre otros, de las senadoras Alejandra Vigo y Carolina Moisés.
Las entidades señalaron que la iniciativa representa un “avance estratégico para el desarrollo energético, ambiental y productivo de la Argentina”, al proponer un marco normativo moderno, federal y sustentable que da previsibilidad a las inversiones, fortalece las economías regionales y reemplaza importaciones de combustibles fósiles por producción nacional de bioetanol.
Afirmaron que el proyecto reconoce el “papel clave” del bioetanol de maíz y de caña de azúcar “en la descarbonización del transporte, en la generación de empleo genuino y en la mejora de la balanza comercial argentina, al reemplazar combustibles importados por energía renovable de origen local”.
También destacaron el “liderazgo” de la Liga de Provincias Bioenergéticas por haber promovido un texto “con amplio consenso, con mirada federal y de largo plazo, que refleja la importancia estratégica de los biocombustibles en la transición energética y en la soberanía productiva del país”.
Además de maíz, el etanol también se elabora con caña de azúcar
Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, y Feijóo, titular del Centro Azucarero Argentino, definieron la iniciativa como “seria y responsable” y subrayaron que “permite crecer al sector sin afectar las ventas de naftas y gasoil nacionales, ni las regalías petroleras, ni las cuentas fiscales”.
Una voz disonante es la de la cámara que nuclea a los pequeños y medianos productores, Cepreb, que advirtió que el proyecto de la Liga beneficia a las agroexportadoras. La semana pasada sostuvo que el texto “fue redactado a espaldas de las empresas pymes elaboradoras del 60% del biodiésel destinado al corte obligatorio y sin consulta ni interlocución con las provincias de San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa”.
Asimismo indicaron que el régimen vigente corre hasta el 30 de diciembre de 2030 y dispone que el mercado local debe ser abastecido por las empresas no integradas (pymes), a las que se les asigna un cupo proporcional que les permite “producir y generar valor”.
