El sector tambero argentino vive un momento productivo intenso, aunque aumenta la preocupación por la rentabilidad. Según un informe difundido por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), basado en un trabajo de la Mesa de Productores de Leche de la Provincia de Santa Fe (Meprolsafe) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), la presión tributaria se transformó en uno de los principales condicionantes de la actividad. El dato que sintetiza el problema es contundente: un establecimiento lechero debe afrontar un mínimo de 37 tributos al año y la carga impositiva puede representar hasta el 42% de sus ventas.
La entidad ruralista divulgó “la realidad del sector tambero en relación a la presión impositiva que atraviesa” y advirtió que “el número de impuestos y de renta perdida es abrumador”. Ante ese panorama, CRA planteó “la imperiosa necesidad de una reforma tributaria que invite a invertir y a salir de la informalidad rápidamente”.
El diagnóstico surge en un contexto particular. A enero de 2026, el estudio describe que la lechería muestra “un crecimiento productivo sostenido impulsado por eficiencia de los productores, tecnología y clima favorable”, incluso con “proyecciones de alza para el año”. Sin embargo, alertaron que la otra cara es una “creciente alerta sobre la rentabilidad”, ya que “los costos (incluyendo impuestos) presionan los márgenes”.
De cara a 2026, Meprolsafe y Carsfe coincidieron en que es “indispensable corregir algunos aspectos para sostener la actividad tambera”
Además, remarcaron que, al desacelerarse la inflación, “se ve amenazada la sustentabilidad a pesar de la mayor producción y el impulso a la inversión a través de financiamiento especial”. Es decir, el mayor volumen no alcanza para compensar el peso de la estructura de costos.
En las charlas con productores y otros eslabones de la cadena, Meprolsafe y Carsfe detectaron “una realidad dramática: informalidad superior al 40%, en ventas, en compras y en RRHH y presencia de productos fraudulentos en el mercado, todo esto con el justificativo de la alta presión fiscal”.
En Carsfe, entidad afiliada a CRA, remarcaron: “Realmente, pensamos que la presión fiscal no justifica estos delitos, pero un empresario tambero en la Argentina debe afrontar un mínimo de 37 tributos anuales distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal”.
La carga, advirtieron, es “insoportable”. De hecho, señalaron que “la carga impositiva promedio para una empresa puede representar hasta el 42% de sus ventas”. Ese peso se distribuye en “tributos de diversa índole: nacionales, provinciales y municipales”.
Remarcaron que “la matriz impositiva, junto con factores macroeconómicos y de mercado, genera un escenario de alerta sobre la rentabilidad”Gza. Norberto Ferrari
Entre los impuestos nacionales, mencionaron el Impuesto a las Ganancias, sobre el cual sostuvieron: “Lo consideramos un impuesto que si todo el sistema impositivo está bien controlado es justo”.
También pusieron el foco en el IVA: “Posee una alícuota general que es del 21% sobre las ventas, con tasas reducidas del 10,5% para ciertos sectores. Pedimos que se disminuya de manera que se favorezca el consumo de lácteos”.
Sobre el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, afirmaron que “cuando las operaciones se repiten o superponen generan impuesto sobre impuesto” y reclamaron: “Pedimos su eliminación”.
En la misma línea, sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono indicaron que “se deben eliminar respecto de los consumidores ya que esto favorecería los sistemas productivos”.
También apuntaron a los impuestos internos sobre tecnología y electrónicos: “La eficiencia y la innovación productiva está directamente relacionada con poder acceder a estas herramientas. Solicitamos se eliminen directamente para favorecer su incorporación al proceso productivo”.
En cuanto a retenciones y percepciones, que operan como pagos a cuenta, fueron tajantes: “Que cada contribuyente pague lo que le corresponda, evitando retenciones indebidas y facilitando a ARCA en control por contribuyente directo”. A su vez, valoraron el monotributo, aunque pidieron “mayores controles ante maniobras de evasión”.
A nivel provincial, destacaron el peso de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario Rural, mientras que a nivel local cuestionaron que las tasas municipales se cobran “casi siempre con el compromiso de prestar servicios que no se prestan”.
Meprolsafe y Carsfe coincidieron en que es “indispensable corregir algunos aspectos para sostener la actividad tambera”, entre ellos mantener “la rentabilidad y la sustentabilidad de los tambos frente a la escalada de costos y la presión fiscal”, mejorar la competitividad y asegurar financiamiento para seguir invirtiendo.
En su conclusión, resumieron el escenario: “El sector tambero argentino, que generó el mayor aumento mundial de producción en el 2025, hoy muestra dinamismo productivo hacia 2026, pero la matriz impositiva, junto con factores macroeconómicos y de mercado, genera un escenario de alerta sobre la rentabilidad, requiriendo políticas de apoyo y alivio fiscal para sostener la actividad y que dejen de cerrar tambos”.
