Un proyecto de ley pretende que las plataformas de venta online se transformen en “responsables solidarios” de las ventas productos y servicios que se realicen a través de su sistema. La iniciativa, impulsada por los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos– define como plataforma online a “toda interfaz digital que permita ofrecer bienes o servicios a consumidores”, y sostiene que “deberán garantizar información transparente y verificable sobre los productos ofrecidos: descripción técnica, precio final, costos adicionales, plazos de entrega y datos completos del proveedor”.
Además, contarán con responsabilidad en los casos en los que se verifiquen “incumplimientos contractuales, defectos en los productos, infracciones a normas de seguridad y falta de pago de tributos”.
En los fundamentos, los autores señalan que el comercio electrónico creció exponencialmente en los últimos años, pero la normativa vigente no se actualizó para contemplar las particularidades del entorno digital. “Esto genera asimetrías informativas y facilita maniobras ilegales como el contrabando y la evasión fiscal”, dice el proyecto.
De aprobarse el proyecto, incluso, estas empresas también deberían actuar como filtros en el control de la mercadería importada a la Argentina de forma ilegal. El texto apunta que, cuando se trate de productos ingresados desde el exterior, deberán exigir documentación que acredite su legítima introducción al país, incluyendo el despacho de importación.
Además, las plataformas tendrán la obligación de verificar la identidad y condición fiscal de los vendedores y mantener un registro electrónico con esta información. Si no cumplen, podrán recibir multas de hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada.
En este sentido, el texto contempla la obligación de que las plataformas deban responder por el pago de impuestos aduaneros si permiten la comercialización de bienes importados sin la documentación requerida.
Por otra parte, el proyecto de ley también busca reforzar los controles en zonas críticas de la frontera norte, donde se detectan delitos complejos como narcotráfico y trata de personas, y proteger la industria nacional frente a la competencia desleal.
En caso de ser aprobado, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Industria y Comercio, que tendrá a su cargo el control y las sanciones. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma en un plazo máximo de 180 días desde su promulgación.
Uno de los puntos que busca atacar esta iniciativa tiene que ver con el contrabando, una problemática que no tiene que ver con el mundo digital.
Los productos que ingresan a la Argentina de forma ilegal se da por pasos fronterizos sin control también crece y afecta a múltiples sectores productivos.
Entre los productos más contrabandeados aparecen:
· Electrónicos: celulares, televisores, notebooks, aires acondicionados, relojes inteligentes y accesorios tecnológicos (TV Box, cargadores, tablets). En 2025, la Aduana incautó 1,8 millones de unidades valoradas en unos US$ 65 millones. En el caso de los celulares en particular más de un tercio de los equipos vendidos en 2025 entraron por fuera del circuito formal.
· Cigarros y cigarrillos electrónicos: representan casi el 10% de las ventas, pese a estar prohibidos.
· Cerveza y otros alimentos: hasta el 4 % de los autoservicios del AMBA vende marcas ingresadas ilegalmente. El contrabando de huevos supera las 550.000 unidades por día.
· Ropa, calzado, perfumes y juguetes: su participación en el mercado informal llegó hasta el 40%, advirtió la UIA.
