Autor: Informe DigitalUn proyecto de reforma que se presentó en la Convención Constituyente busca que el Estado reconozca como derechos inviolables, la vida desde la concepción, la dignidad y la integridad física y moral, de toda persona. "Su respeto y protección es deber de los poderes públicos y de toda la comunidad", advirtió el convencional constituyente de la Coalición Cívica-Partido Socialista, Emiliano Acharta.El proyecto de Acharta busca incorporar a la Constitución de la provincia, el reconocimiento y protección del derecho a vivir que tiene toda persona desde su misma concepción, como así mismo la protección de su integridad física y psíquica.La presentación demuestra los atomizado de los pensamientos dentro de la misma fuerza política: mientras se pide el respeto a la vida desde la concepción, desde el mismo sector se plantea legalizar los matrimonios homosexuales: ¿Podría acaso ése niño protegido hasta su nacimiento ser adoptado por una pareja del mismo sexo?.Independientemente de esta pregunta, hay que destacar que el Código Civil ampara derechos de las personas por nacer en su Libro 1, Sección 1º, título 3 "de las personas en general" y en los artículos 63 al 69 donde se le reconoce derechos civiles patrimoniales y relaciones de familia. Del mismo modo lo hace para los derechos subjetivos personales (el derecho a la vida) el Código Penal. Sin embargo ninguna de estos códigos de fondo admite casamientos entre homosexuales o lesbianas, para decirlo con todas las letras.El convencional indicó que "son por demás conocidos los problemas que plantea la vida humana en el vientre de la madre desde la concepción, y todas las coyunturas que se originan alrededor del mismo: los embarazos no deseados, el aborto provocado, el derecho y la libertad de la madre, toda la problemática de la madre embarazada, el derecho de alguien a nacer, los conflictos sociales que giran en torno a este tema, como las mujeres violadas que quedan embarazadas, la mortalidad materna, los abortos clandestinos, su vinculación con la pobreza". Por eso se preguntó si en esta época en que distintas constituciones han consagrado los derechos constitucionales de tercera y cuarta generación, "el Estado provincial no debe decir nada en su constitución; si debe callar y ser indiferente a todo este problema y, entonces, dejar su regulación y solución a las normas jurídicas nacionales e internacionales como las únicas responsables de afrontar estos problemas. O si por el contrario, es necesario que diga ‘algo’ en su carta magna en torno a todos estos problemas de vida real y cotidiana". Si se asumiera la primera postura, seria para el Estado una forma de ‘liberalizar’ el problema y dejar que otros se encarguen, opinó y afirmó: "debe decirlo la Constitución porque ésta es el pacto fundamental de una sociedad, en la cual se reconocen los derechos fundamentales de las personas y se limitan los poderes públicos y justamente, todos estos problemas suponen distinguir el problema básico y los problemas de la coyuntura". Acharta consideró que "el problema básico es este: ¿desde cuándo la persona merece la protección, desde cuando podemos decir que estamos frente a una persona, con todos sus derechos y atributos, desde qué momento hay una persona distinta a los demás, única e individual?". Y se preguntó "desde cuando el hombre merece protección jurídica: ¿desde que nace? ¿desde la anidación del embrión en el útero o desde la concepción o fertilización (cuando el espermatozoide y el óvulo se funden y forman el cigoto)?. Este es problema básico. Y resolver este problema supone reconocer un derecho fundamental y fundante: el derecho a la vida, sin el cual no existe ningún otro derecho". Por eso señaló que las cartas magnas plasman estos derechos fundamentales. "No sólo la Constitución nacional, sino también las provinciales, se ocupan de derecho a la vida. Todas ellas, dentro de sus reducidas competencias, dicen algo del derecho a la vida. Por ello nos parece que sería una actitud inapropiada que en esta reforma a la Constitución provincial no se diga nada". Y consideró que por eso "nos parece imprescindible que esta reforma plasme en la nueva Constitución principios básicos, como la protección del derecho a la vida desde la concepción, que determinen en justicia la solución de los futuros conflictos de la sociedad entrerriana".
